El 22 de mayo de 2013, los médicos que atendieron al niño de 8 años lo encontraron con varias fracturas en las costillas y en el cráneo, quemaduras en la piel, rastros de mordiscos y hasta perdigones (parecidos a los balines) incrustados en uno de sus muslos. 2 días después, y luego de haberlo diagnosticado con muerte cerebral, el niño falleció, relata El País.
Gabriel era el hijo de Pearl Fernández, la novia de Aguirre, y vivió con los 2 a lo largo de 8 meses. Durante ese tiempo, el asesino, un vigilante de seguridad de 37 años, 1,90 metros de estatura y 120 kilos de peso, disfrutaba al pegarle al niño, según el fiscal del caso. La razón de hacer eso es que pensaba que Gabriel era homosexual.
La mamá del niño también fue cómplice de los vejámenes a los que fue sometido, que incluían obligarlo a dormir en una caja dentro de un armario, amarrado y con grilletes en los pies; y comer heces de gato y vómito. También solían pegarle patadas y puños, y hasta le sacaron los dientes a golpes.
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La defensa del asesino trata de demostrar que él fue víctima de las manipulaciones de su pareja, y aseguran que tiene un bajo coeficiente intelectual, agrega Univisión. Además, según el citado medio español, a pesar de que admitió el crimen, ha dicho que la muerte del niño fue accidental, probablemente para evitar la pena capital.
La sentencia contra Aguirre, que ya fue declarado culpable, se conocerá en el próximo mes de marzo. La mamá de Gabriel será juzgada en un juicio independiente, y también podría enfrentar la pena de muerte. Funcionarios de los servicios sociales también podrían ir a la cárcel por negligencia, ya que no hicieron nada a pesar de que los rastros de los maltratos eran evidentes.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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