Este lunes 5 de agosto, y así como ha ocurrido desde hace varios días, Nicolás Maduro llamó a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su controvertida reelección han recibido “amenazas” por esa vía.
(Vea también: Diosdado Cabello amenazó con quitar WhatsApp en Venezuela: “Volveremos a la edad de piedra”)
“Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat”, aseguró el líder del régimen venezolano en una manifestación del chavismo.
#EsNoticia 🇻🇪 El dictador eliminó la aplicación WhatsApp de su teléfono celular y pidió a la población venezolana seguir su ejemplo de locura para que de esta forma “puedan estar en paz”
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— EVTV (@EVTVMiami) August 6, 2024
En sus declaraciones, Maduro invitó al retiro “voluntario, progresivo y radical” de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta junto a otras redes sociales como Facebook o Instagram.
“¡Dile no a WhatsApp! WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela. Acá dice desinstalar… te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp, para el carajo”, sostuvo.
El mandatario había denunciado la víspera que las redes sociales están siendo utilizadas para promover “división” y “odio” entre los venezolanos y señaló directamente a Instagram y a TikTok.
Nicolás Maduro pidió públicamente “recomendaciones” a sus funcionarios de seguridad para regular el uso de las plataformas sociales, en las que han sido difundidas imágenes y videos de las protestas contra su reelección, así como denuncias sobre los operativos de los cuerpos de seguridad que han dejado más de 2.000 detenidos, según el propio mandatario.
La difusión de “mensajes de odio” en redes sociales puede llevar a penas de entre 10 y 20 años de cárcel en Venezuela, según una ley aprobada en 2017.
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