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Una mujer de origen colombiano, identificada por medios locales como Lina María Orovio-Hernández, de 58 o 59 años de edad, se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos enfrentando graves acusaciones.
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Se le imputan cargos relacionados con el uso de una identidad ajena para residir ilegalmente en el país durante más de veinte años y defraudar al gobierno estadounidense. Las autoridades estiman que, mediante este engaño, obtuvo ayudas sociales por un monto superior a los 400.000 dólares.
La señora Orovio-Hernández habría ingresado a Estados Unidos de forma irregular hace más de dos décadas y, desde entonces, construyó una vida completa haciéndose pasar por otra persona. Para consolidar su fachada, habría utilizado un número de Seguro Social que no le pertenecía y obtuvo documentos oficiales falsos.
Entre los documentos fraudulentos que presuntamente consiguió se incluyen un pasaporte estadounidense, una licencia de conducir de Massachusetts, una identificación “REAL ID” y hasta ocho identificaciones de distintos estados. Incluso, para obtener el pasaporte, habría afirmado falsamente haber nacido en Puerto Rico.
Este esquema le permitió acceder a diversos programas de asistencia gubernamental dirigidos a personas de bajos ingresos. Se alega que, entre octubre de 2011 y enero de 2025, recibió aproximadamente 259.589 dólares a través del programa de subsidios de vivienda conocido como Sección 8. Adicionalmente, entre julio de 2014 y enero de 2025, habría recibido unos 101.257 dólares en beneficios por discapacidad del Seguro Social.
También se le acusa de haber recibido cerca de 43.348 dólares del programa de asistencia alimentaria SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) desde abril de 2005 hasta enero de 2025. El total de los fondos obtenidos de forma ilícita supera los 400.000 dólares.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue su presunta participación en el proceso electoral. Se le acusa de haberse registrado de manera fraudulenta para votar en enero de 2023 y de haber emitido un voto en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Cámaras de seguridad en un banco habrían captado imágenes de ella portando una calcomanía de “Yo voté”, lo que serviría como prueba en el caso.
La fiscal federal Leah B. Foley expresó que este caso representa un “abuso grave del sistema”. Según sus declaraciones citadas en las fuentes, la acusada “construyó toda su vida sobre una identidad robada” y abusó de recursos gubernamentales “destinados a quienes realmente los necesitan”.
Lina María Orovio-Hernández compareció ante un tribunal federal en Boston el 12 de febrero, donde fue acusada formalmente de diversos delitos federales. Entre los cargos que enfrenta se encuentran la falsificación de un número de Seguro Social, declaración falsa en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, recepción de bienes o dinero robados del gobierno, registro fraudulento de votantes y votación fraudulenta. Actualmente, permanece bajo custodia federal desde febrero de este año.
De ser hallada culpable, la ciudadana colombiana podría enfrentar severas penas:
- El uso indebido de un número de Seguro Social podría acarrear hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
- La declaración falsa en una solicitud de pasaporte conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa similar.
- Por el robo de dinero del gobierno, también podría recibir hasta 10 años de cárcel, con una multa que podría duplicar el monto estafado.
- El cargo de robo de identidad agravado prevé una pena obligatoria de dos años adicionales a cualquier otra sentencia.
- Tanto el registro fraudulento como la votación fraudulenta conllevan cada uno penas de hasta cinco años de prisión.
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En la mayoría de los cargos, las penas de prisión irían acompañadas de tres años de libertad supervisada y multas de 250.000 dólares. Las fuentes indican que, si es declarada culpable, también podría enfrentar un proceso de deportación una vez cumplida su condena.
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