El número de fallecimientos se ha multiplicado por dos en apenas tres días en el país, el segundo más afectado de Europa por este virus por detrás de Italia.
Los contagios también van en aumento aunque a un ritmo más moderado, pasando de 28.572 a 33.089, a la par que España adquiere cientos de miles de tests para aumentar su capacidad de detección.
“Todavía no tenemos certeza de haber llegado al pico”, dijo en su parte diario el director de emergencias sanitarias, Fernando Simón.
Del total de infectados, 3.355 se han curado pero 2.355 están ingresados en unidades de cuidados intensivos.
Simón subrayó que, pese a la tensión generada en el sistema sanitario por la epidemia, el porcentaje de enfermos críticos disminuyó del 15 al 13% del total, lo cual “da cierta esperanza de que el problema se va conteniendo”.
En la última semana, se han movilizado todo tipo de recursos para poder absorber a los enfermos: compra masiva de millones de mascarillas, contratación de 50.000 sanitarios, despliegue del ejército o adaptación de hoteles para atender a pacientes leves.
En Madrid, cuya región es la más afectada con un 32 % de las infecciones y el 58 % de los fallecimientos, habilitó un hospital de campaña en un enorme pabellón de congresos con 1.300 camas ampliables hasta 5.500.
Después de recibir el sábado 640.000 tests rápidos del coronavirus, las autoridades empezaron a distribuirlos por las diferentes regiones con tal de empezar las pruebas entre el personal sanitario y en residencias de mayores, donde se concentran numerosos brotes.
Los casos de contagios entre las plantillas médicas ascienden a 3.910, mientras sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de material de protección.
También se cuentan por decenas los fallecidos en residencias de ancianos, que están siendo desinfectadas por el ejército.
Para frenar la epidemia, el gobierno español declaró el 14 de marzo el estado de alarma para decretar el confinamiento casi total de la población, situación que quiere alargar hasta al menos el 11 de abril.
Los 46 millones de habitantes solo pueden salir de sus casas para ir a trabajar o para realizar actividades esenciales como ir a comprar comida o medicamentos o pasear al perro.
Desde la declaración del estado de alarma, Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron 477 personas y presentaron 50.000 denuncias por violación de estas restricciones.
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