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La Presidencia de la Autoridad Palestina saludó la decisión como “histórica”. Por su parte, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, denunció una “decisión mentirosa”. Se trata de un caso sin precedentes en el que han testificado unos 50 Estados.
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El dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, no es vinculante, pero podría sumarse a la creciente presión jurídica internacional sobre Israel por la guerra en la Franja de Gaza.
Según el comunicado de prensa sobre esta opinión consultiva, la Corte concluye que “el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin cuanto antes a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado”, “cesar inmediatamente toda nueva actividad de asentamiento y evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado” y “reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en el Territorio Palestino Ocupado”.
La Corte añade que “las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no reconocer como lícita la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. El Tribunal también “toma nota con profunda preocupación de los informes según los cuales la política de asentamientos de Israel se ha intensificado desde el dictamen consultivo que emitió en 2004”.
“Es un gran día para Palestina”, declaró Varsen Aghabekian Chahine, viceministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina. Esta decisión representa “una victoria”, se congratuló la Presidencia de la Autoridad Palestina en un comunicado retransmitido por su agencia de prensa oficial Wafa, en el que pide a Israel que “ponga fin a la ocupación” y a los “asentamientos”.
La decisión de la CIJ sobre la ocupación de Israel en Palestina
El 31 de diciembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicitaba a la CIJ una “opinión consultiva” no vinculante sobre las “consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”. Es decir, la “ocupación prolongada” del territorio palestino desde 1967.
En junio de 1967, Israel libró la Guerra de los Seis Días, arrebatando Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania, los Altos del Golán a Siria y la Franja de Gaza y la Península del Sinaí a Egipto. Israel comenzó entonces a ocupar los 70.000 kilómetros cuadrados de territorio árabe arrebatados, ocupación que más tarde fue declarada ilegal por las Naciones Unidas.
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La mayoría de los oradores en las audiencias de febrero de 2024 pidieron que Israel pusiera fin a la ocupación que siguió a la Guerra de los Seis Días, y algunos advirtieron de que una ocupación prolongada suponía un “peligro extremo” para la estabilidad en Oriente Medio y más allá.
Funcionarios palestinos acusaron a los ocupantes israelíes de dirigir un sistema de “colonialismo y apartheid” e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación “de forma inmediata, total e incondicional”. Por su parte, el embajador de Sudáfrica en los Países Bajos declaró ante los jueces que la política de Israel en los territorios palestinos era una forma de apartheid “aún más extrema” que la vivida en Sudáfrica antes de 1994. Washington defendió a su aliado, afirmando que Israel no debería estar legalmente obligado a retirarse sin tener en cuenta sus “necesidades de seguridad muy reales”.
Estas audiencias son independientes de un caso presentado ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer actos genocidas en Gaza, iniciativa que fue apoyada por el Gobierno de Colombia. En enero de 2024, la Corte pidió a Israel que impidiera cualquier posible acto de genocidio en este pequeño territorio palestino. En mayo de 2024, ordenó a Israel que pusiera fin a su ofensiva militar en Rafah.
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