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Este domingo 27 de julio el nuevo escenario para conciertos en Bogotá, Vive Claro, llevará a cabo el primero de una serie de espectáculos que reunirán artistas del calibre de Guns and Roses y Green Day en los próximos meses. Sin embargo, pese al espectáculo de este fin de semana, hay una fuerte oposición a la construcción de este recinto por parte de varios sectores políticos y ciudadanos.
Incluso, un sector de los detractores a Vive Claro, liderado por la concejal Quena Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo radicaron una acción popular el viernes 25 de julio con la que buscan suspender los próximos conciertos programados en este escenario.
La maniobra jurídica, que ya está en el buró del Juzgado Administrativo de Bogotá, busca que las autoridades judiciales revisen de fondo la forma cómo fue realizado el contrato, ya que, desde su concepto, se cometieron varias irregularidades durante su ejecución.
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De acuerdo con lo expuesto en la acción popular, las leyes colombianas no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión o una Asociación Público-Privada (APP) (Ley 80 de 1993 y Ley 1508 de 2012).
“Las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción. El contrato ha sido presentado como un arrendamiento de los Lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero en realidad, dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia” señaló la concejala Rivadeneira.
Según los documentos radicados ante la Beneficencia de Cundinamarca y la Gobernación, el contrato celebrado el 28 de noviembre de 2023 permitió a OCESA hacer uso exclusivo de más de 249 mil metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructuras permanentes, todo por un canon mensual de $361 millones.
No obstante, dice la demanda, este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, entre ellos la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística.
Cualquiera que sea el resultado de la acción popular, lo cierto es que la construcción de este escenario, y sus promotores, deberán afrontar medidas similares a lo largo de los próximos cinco años.
Asimismo, desde la OCCESA, se han emitido pronunciamientos sobre este tipo de cuestionamientos. Desde lo jurídico, la abogada Catalina Hernández aclara que las estructuras no requieren licencia de construcción, como lo indica la edilesa, al ser una estructura desmontables.
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Además, el POT restringió allí los usos inmobiliarios y exige que del área el 75 % sea verde y, en este caso, Ocesa endurecerá menos de seis hectáreas de las 24 disponibles. “En el concepto de las secretarías de Ambiente y Planeación quedó claro que el uso de este terreno es recreativo, cultural y de esparcimiento, es decir, se pueden hacer eventos al aire libre y tener tránsito de personas, pero en un ambiente en el que, sin lugar a dudas, se recupere un valor ambiental o natural. Se requiere permiso por evento, no licencia urbanística. Cada actividad pasa por el SUGA del Distrito, donde se evalúan evacuación, capacidad de carga y respuesta a emergencias”, precisó la abogada.
Por otro lado, en medio del debate sobre la nueva estructura en un predio con valor ecológico, lo cierto es que el documento con el que la Secretaría de Ambiente sustentó que esta zona no es un humedal, sí hace recomendaciones de conservación: “el sector, pese a no presentar características de humedal, ofrece áreas verdes con potencial de conectividad ecológica. El área se constituye como un espacio verde de la ciudad, cuya área y ubicación proporcionan valores para disminuir la fragmentación de ambientes ecológicos”.
En medio de estas dos visiones avanza la controversia y, al menos por el momento, el escenario parece estar habilitado para cumplir la agenda de eventos venidera. No obstante, dadas las legítimas reclamaciones de los detractores, cualquier cosa podría pasar.
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