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Una seria advertencia sobre la estabilidad y sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano abrió el año 2026, tras el pronunciamiento de un grupo de exministros y viceministros de Salud. Según sus declaraciones, recogidas por El Colombiano, el sistema enfrenta una etapa crítica: inicia desfinanciado y afectado por decisiones gubernamentales consideradas erráticas durante la administración del presidente Gustavo Petro. Los exfuncionarios señalaron que tales determinaciones han incrementado la incertidumbre y las barreras de acceso, profundizando el sufrimiento de pacientes y usuarios en todo el país.
Entre los factores señalados, destaca la falta de atención a las advertencias técnicas y humanas formuladas durante el año anterior. Los exministros hicieron hincapié en las reiteradas advertencias de la Corte Constitucional, emitidas en 2024 y 2025 mediante autos que evidencian un problema estructural de desfinanciación. Este déficit estaría directamente relacionado con el cálculo y los ajustes de la unidad de pago por capitación (UPC), mecanismo que define los recursos mensuales que el Estado otorga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cubrir los servicios médicos de los afiliados.
Durante el 2026, el gobierno aumentó la UPC en un 9,03% para el régimen contributivo y 16,49% para el subsidiado. Sin embargo, la percepción de los exministros es que esta medida resultó insuficiente para afrontar la magnitud de los desafíos financieros. A esto se suman alertas institucionales clave: la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la ausencia de rigor técnico en las políticas públicas, mientras la Defensoría del Pueblo informó del deterioro en el acceso a los servicios, un aumento sostenido de quejas y tutelas, así como de la angustia de pacientes y familias. Por su parte, la Contraloría General expuso que las ocho intervenciones administrativas recientes a las EPS no solucionaron los problemas estructurales.
Otro elemento que complejizó la situación fue el aumento del salario mínimo, que llegó a los $2.000.000 para el 2026. A pesar de que este ajuste mejora el poder adquisitivo de cerca del 10% de la fuerza laboral, según los exfuncionarios, provoca una fuerte presión sobre las finanzas públicas y el sistema de salud. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que tal medida incrementaría el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos y generaría un costo adicional de alrededor de $4,5 billones para el sector salud, lo que representa cerca del 40% de los recursos previstos para el aumento de la UPC.
En consecuencia, los exministros resaltaron que se mantuvieron omisiones en los ajustes requeridos a la UPC, incumpliendo decisiones previas de la Corte Constitucional. Esto no solo prolonga un desacato institucional, sino que también agrava los retos para la atención efectiva en salud. Firmaron este llamado figuras como Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Alejandro Gaviria y Beatriz Londoño, reiterando la urgencia de abordar los rezagos históricos y dar respuesta técnica y estructural a una crisis que afecta a millones de colombianos.
¿Qué significa la unidad de pago por capitación (UPC) y por qué es relevante?
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto que el Estado entrega mensualmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar la atención de los afiliados. La correcta determinación y ajuste de la UPC resulta fundamental, porque define el alcance y calidad de los servicios médicos que pueden recibir los ciudadanos y tiene impacto directo en la viabilidad financiera del sistema.
En el contexto actual, los desacuerdos y los retrasos en el ajuste de la UPC —destacados por la Corte Constitucional y por los exministros— ponen en riesgo la respuesta oportuna a las necesidades de salud pública. Por ello, la UPC se convierte en un tema central en el debate sobre la crisis y el futuro del sistema sanitario colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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