A pesar de que se haya establecido que los beneficios no continuarán desde el primero del próximo mes, los comerciantes solicitan poder trabajar como lo venían haciendo para no tener que entregar más locales.
De acuerdo con Blu Radio, es muy probable que se entreguen más establecimientos físicos en diferentes ciudades. Hasta el momento van 5.300 locales cerrados en centro comerciales de todo el país.
En efecto, los letreros de los avisos de “Se arrienda” abundan por todas partes, dando cuenta del complejo panorama que se vive por la crisis económica, explicó el medio mencionado.
Debido a esta situación, los inquilinos de sitios comerciales no logran vender lo suficiente como para quedarse en ellos, y muchas personas han tenido que devolver sus viviendas e irse a vivir con sus padres, por ejemplo, porque perdieron su empleo, agregó el informativo.
Con el paso del tiempo, las diferencias entre arrendadores y arrendatarios se han vuelto más evidentes, señala la cadena radial. Tal es el caso de Jorge Vega, comerciante del barrio Alquería de Bogotá, quien considera necesario devolver algunos de los locales que tiene porque le ha sido imposible pagar los arriendos. “No están haciendo ningún descuento ni dando opción para cancelar. De continuar así, seguramente me va a tocar entregar uno o dos locales”.
Además, Vega le afirmó a Blu Radio que “es muy difícil que podamos cancelar un cánon de arrendamiento trabajando únicamente 16 días”, puesto que “las inmobiliarias cobran de uno a 3 cánones de arrendamiento para que le reciban a uno el predio”.
Lo que la mayoría de personas pide es que se congele el pago de arriendos por lo que queda de este 2020, ya que los efectos económicos de la crisis no desaparecerán de un momento a otro, indicó el medio.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró en dicha radio que en los dos decretos emitidos por el gobierno no se tuvo en cuenta la suspensión de los pagos porque los arrendadores también presentan dificultades económicas que deben resolver de alguna manera.
Malagón precisó que “según el DANE, el 92 % de los arrendatarios [arrendadores] son estratos 1, 2 y 3 y, en muchas ocasiones, el arriendo del inmueble es la única fuente de ingresos de las familias”. Por tanto, “suspender el pago de los cánones implicaba reducir el ingreso de más de un millón de familias en el marco de la emergencia”.
Pese a que la cifra de impago es del 17 %, el ministerio considera que puede aumentar en los locales comerciales desde el 31 de agosto, fecha en que dejará de estar vigente el decreto 797, que aprobó los descuentos en las penalidades de los contratos, informó el medio nombrado.
Para evitar esto, Guillermo Gómez, presidente del gremio de los restaurantes, pidió al gobierno prorrogar el decreto. Para él, “el balance es negativo porque fueron muy pocos los propietarios que llegaron a acuerdos con los inquilinos”, dijo a la cadena radial.
Adicionalmente, Gómez aclaró que “como el decreto no aplicaba para locales que estuvieran despachando domicilios, se escudaron en la disculpa que como se hubiera podido despachar domicilios entonces no le daban el beneficio al inquilino, y, pues, ese hubiera no es real porque los domicilios no son una opción para la mayoría de la industria”.
Entre tanto, el ministro de comercio, José Manuel Restrepo, respondió al medio que no es viable la prórroga porque se trata de un decreto legislativo. “Para extender los beneficios se requiere una ley de la República”, pero “como quiera que no estamos en medio de una emergencia económica, no se puede expedir un decreto legislativo”.
Sin embargo, Restrepo señaló al informativo que “de todas maneras la inmensa mayoría de los sectores productivos estaría operando sin ninguna restricción a partir del primero de septiembre”.
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