Las playas y cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina solo podrán ser disfrutadas por su comunidad, según el documento, una vez culmine la fase de aislamiento y se aprueben los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19.

Sin embargo, lo que le llamó la atención a las juventudes liberales en la isla, según informó CM&, es que este decreto exime de la medida a los turistas “que ya están llegando”, ya que ellos sí puedes disfrutar de las playas desde el pasado primero de septiembre.

“Se exceptúan siempre y cuando acrediten tal situación con la presentación de la tarjeta de turismo, para lo cual se habilitarán las playas de Spratt Bight como prueba piloto, contribuyendo a un efectivo control por parte de las autoridades de Policía, Dimar y gobierno departamental”, indica el documento.

Pico y cédula en las playas

El decreto resalta además que cuando se autorice el ingreso a las playas de los raizales y residentes del archipiélago, se les permitirá el disfrute de estas solo y únicamente bajo la medida del pico y cédula.

“En dicho decreto se pone de presente el poco interés de parte de las autoridades locales pues no se ha expedido ningún protocolo de bioseguridad, no se ve el protocolo para los turistas, no se ve el protocolo para nadie, despertemos por favor”, dijo en el noticiero Nauro Caballero, veedor nacional de las juventudes.

Pese a esta polémica, un parágrafo de ese mismo documento deja claro que si las autoridades de salud aprueban los protocolos de bioseguridad para el “goce de las playas” antes del 18 de septiembre, se expedirá el decreto modificatorio de la medida, por lo que todos podrán ingresar a estos espacios, incluidos los residentes, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

“Los prestadores de servicios turísticos en las playas del Archipiélago deberán adelantar ante la Secretaría de Gobierno, los trámites de permisos de trabajo con el cumplimiento de las disposiciones que en materia de bioseguridad se expidan”, agrega el decreto firmado por Everth Hawkins, gobernador del Archipiélago de San Andrés.