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El incremento del salario mínimo para 2025 ha generado diversas discusiones en sectores laborales y económicos del país. Con un ajuste del 9,54 %, este aumento, aunque favorable para los trabajadores, plantea desafíos significativos para quienes contratan servicios esenciales, como la seguridad privada en conjuntos residenciales.
A partir de enero de 2025, el salario mínimo en Colombia será de 1’423.500 pesos, sin incluir el auxilio de transporte, y de 1’623.500 pesos con este beneficio. Este ajuste tiene implicaciones directas en los costos laborales, especialmente en sectores que dependen de servicios tercerizados, como el de los guardas de seguridad en empresas, edificios y conjuntos residenciales.
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Además del incremento en el salario base, los empleadores deben asumir aumentos proporcionales en otros beneficios laborales y aportes a la seguridad social, entre los que se incluyen:
- Cesantías y primas: Prestaciones directamente relacionadas con el salario.
- Aportes a la seguridad social: Coberturas de salud, pensión y riesgos laborales.
- Caja de compensación familiar: Un porcentaje adicional que incrementa los gastos mensuales.
Por qué aumentaría la administración de conjuntos en Colombia
Con estos costos adicionales, el gasto mensual por cada celador contratado podría superar los 2’400.000 pesos, lo que representa un desafío considerable para las administraciones de conjuntos residenciales, que deberán realizar pagos adicionales a las empresas de vigilancia para garantizar los derechos de sus trabajadores.
Los conjuntos residenciales, que tradicionalmente dependen de empresas de seguridad privada para proteger a sus habitantes, tendrán que implementar este ajuste. Administradores y juntas directivas enfrentan decisiones complejas, ya que deberán ajustar los presupuestos operativos para cubrir los nuevos costos sin comprometer la calidad del servicio.
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¿De qué depende que aumenten pagos en conjuntos de Colombia?
Entre las posibles medidas a implementar se destacan:
- Revisión de contratos: Algunos conjuntos podrían renegociar términos con las empresas de seguridad para ajustar tarifas o redefinir horarios de turnos.
- Incremento en las cuotas de administración: Muchas comunidades podrían verse obligadas a aumentar las cuotas mensuales de los propietarios para cubrir los costos adicionales.
- Optimización de recursos: En casos extremos, podrían evaluarse alternativas como la reducción de personal de seguridad o la implementación de tecnología, como cámaras y sistemas de vigilancia automatizados, para complementar la labor de los celadores.
Adicionalmente, estos costos podrían incrementarse según los ajustes en las cuotas de administración definidos en las asambleas de copropietarios, que se realizan anualmente en las áreas residenciales.
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