Los estratos sociales son una forma de estratificación socioeconómica que se aplica en Colombia desde 1985. Su objetivo es cobrar de manera diferencial los servicios públicos domiciliarios (agua, electricidad y gas) según la capacidad de pago de los usuarios.

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Así, los más ricos subsidian a los más pobres y contribuyen a garantizar el acceso universal a estos servicios.

Los estratos se asignan a las viviendas o predios según criterios como la ubicación, el tamaño, el material de construcción, el entorno y la infraestructura. Se dividen en seis niveles: bajo-bajo (1), bajo (2), medio-bajo (3), medio (4), medio-alto (5) y alto (6). El estrato de una vivienda determina el valor de la factura de los servicios públicos, así como el acceso a otros beneficios o impuestos. Es por esto que alcaldes y alcaldesas como Claudia López han buscado cómo modificarlos.

Los estratos sociales fueron creados como un mecanismo solidario para reducir la desigualdad en Colombia, un país que ocupa el segundo lugar de países menos equitativos en América Latina, según el Banco Mundial. Sin embargo, con el tiempo, este sistema ha generado efectos negativos en la sociedad colombiana, es por esto que Gustavo Petro tuvo la idea de eliminarlos.

Por un lado, los estratos han fomentado la segregación espacial y social de la población, al crear zonas exclusivas o marginales según el nivel socioeconómico. Por otro lado, los estratos han generado estigma y discriminación hacia las personas que viven en los niveles más bajos o más altos, al asociarlos con ciertos estereotipos culturales o políticos.

Además, los estratos han perdido su eficacia como instrumento para medir la pobreza y asignar subsidios, ya que no reflejan la realidad económica de muchos hogares. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 2019 había 2,8 millones de hogares con inconsistencias entre su ingreso y su estrato.

Colombia es el único país de América Latina que utiliza los estratos sociales como sistema de estratificación socioeconómica. En otros países de la región se usan otros criterios para cobrar los servicios públicos o asignar subsidios, como el consumo, el ingreso o la condición social.

Por ejemplo, en Chile se aplica un sistema de Ficha de Protección Social (FPS) que evalúa las condiciones de vida de los hogares mediante una encuesta. En Perú se usa un Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que clasifica a los hogares en tres grupos: pobres extremos, pobres no extremos y no pobres. En Argentina se emplea un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que otorga subsidios a los jubilados y pensionados según sus aportes.

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En conclusión, los estratos sociales son una particularidad colombiana que busca ser solidaria con los más necesitados, pero que también ha generado problemas de segregación y estigma en la sociedad. Su vigencia y su reforma son temas de debate permanente en el país, sobre todo en el contexto de las protestas sociales que reclaman un país más justo e igualitario.

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