Nuevamente, Gustavo Petro propuso modificar de manera radical el sistema de pensiones que funciona en Colombia, en especial, ponerles fin a los fondos privados y enviar ese dinero a Colpensiones o al propio Ministerio de Hacienda.

Con estos recursos, Petro propone financiar un pago mensual de 500.000 pesos mensuales para 3 millones de adultos mayores que en el país no reciben ningún recursos porque no pudieron cotizar y ahorrar para financiar su propia mesada.

Así se refirió El Tiempo a la polémica. El Tiempo es propiedad del Grupo Aval, que a su vez es propietario del fondo de pensiones y cesantías Porvenir.

“En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces, liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, señaló el exalcalde de Bogotá durante un debate organizado por El Tiempo y Semana.

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La propuesta levantó una polvareda política y Asofondos, el gremio que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, la rechazó de tajo. Varios dicen que Petro comete algunas imprecisiones. Diario Criterio aclara algunos de los puntos en discusión.

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¿De quiénes son los ahorros de pensiones?

Lo primero que vale la pena aclarar es que los más de 348 billones de pesos que hay en los fondos de pensiones le pertenecen a cada trabajador que está ahorrando o acumuló lo suficiente para obtener una pensión y una mesada. Esa es al menos la posición de Asofondos.

La propuesta de Petro significaría, según el economista Jorge Restrepo, expropiar a más de 17 millones de personas que están en los fondos. “El aporte pensional y de las empresas, y los rendimientos, es propiedad de cada persona que ahorra para el retiro; nacionalizarlo, como él propuso sería expropiarlo”, dijo Restrepo en Twitter.

Sin embargo, expertos en pensiones, como Kevin Hartmann, desmienten la posición de Restrepo y dicen que no se trata de “expropiación”, sino que la propuesta de Petro se basa en el sistema de pilares, que ya había sido planteado por Alejandro Gaviria y que consiste en encontrar una salida para cubrir el déficit de Colpensiones que termina pagando el Estado para pagarles a los actuales pensionados.

El sistema pensional de Colombia tiene dos regímenes: el de ahorro individual (RAIS), administrado por los privados, y el de Colpensiones.

El de Colpensiones, explica Hartmann, no tiene ahorro porque se vaya en una transferencia directa: el joven de hoy paga su contribución y ese dinero va una bolsa con la que se financia a los pensionados de hoy. Y en el RAIS, el joven paga su aporte pensional que se va a una bolsa administrada por los fondos privados, que invierten ese dinero en el mercado financiero. Cuando llegue a edad de pensionarse, esa persona recibirá las contribuciones que ahorró y los rendimientos, precisa Hartmann.

El problema, dice el experto, es que actualmente hay más jóvenes en los fondos privados y más pensionados en Colpensiones, lo que genera un déficit que debe cubrir sí o sí el Estado, que equivale a unos 18 billones de pesos al año. En ese sentido, el sistema que propone Petro, y que ya han planteado otros como Fedesarrollo y Alejandro Gaviria, buscaría liberar al Estado de ese gasto anual.

El 79 por ciento de quienes están en los fondos son trabajadores que cotizan entre uno y dos salarios mínimos legales y solo 7,6 por ciento lo hacen sobre más de cuatro salarios. El 82,8 por ciento, a agosto pasado, eran personas menores de 45 años.

¿Qué pasaría con los rendimientos de pensiones en Colombia?

Por otro lado, para algunos expertos, la propuesta de Petro sería inconveniente, además, por las ganancias que han tenido los fondos de pensiones. “El ahorro, propiedad de los afiliados, registró un nuevo máximo al alcanzar, al cierre del año pasado, un monto total de 357,8 billones de pesos, con rendimientos que solo, para los 12 meses, llegaron a 31,8 billones”, dijo Asofondos en febrero de este año.

En ese sentido, según críticos de Petro, usar los recursos como él propone impediría obtener rendimientos en momentos en que están aumentando. “Al ver los rendimientos históricos (desde julio de 1995), dichas ganancias, al cierre de 2021, llegaron a 242,9 billones, es decir, sobre el total del ahorro pensional de los trabajadores, esas ganancias, que son solo de ellos, pesaron cerca de un 70 por ciento”, añadió el gremio en ese momento.

Petro también aseguró que se deben quitar los privilegios tributarios y entregar ese dinero a madres cabeza de familia para que puedan recibir media pensión mínima. Finalmente, recalcó que el dinero de los cotizantes de los fondos privados está en Odebrecht y en el puente de Chirajara. “En todo proyecto quebrado de Colombia están los fondos de pensiones”, señaló.

Frente a esta polémica, Asofondos pidió debatir “con rigor y responsabilidad el futuro pensional de los trabajadores”:

“Queremos decirles a los candidatos que las puertas del gremio están abiertas, que todos los insumos técnicos que hemos preparado tras años de profundo estudio están a su disposición, y que trascendamos la agenda política y prioricemos la que más importa: la de los trabajadores, su ahorro y su futuro pensional”, dijo Montenegro.

Urgente reforma pensional, sin populismos ni más privilegios para los fondos

Precisamente, por tratarse de un tema de interés de todos los colombianos, la posición de Asofondos y sus intereses deben ser balanceados con las de otros sectores y expertos, pues, si hay dos asuntos claro son la imperiosa necesidad de reformar el sistema pensional y el poder que tienen los fondos de pensiones que también usan esos recursos como propios.

“El ahorro de los afiliados que les llueve cada mes a las AFP (administradoras de fondos privados) es remunerado a muy bajo costo. Entre comisiones y supuestos seguros previsionales, las pensiones obligatorias tienen que abonar el 3 por ciento de los aportes mensuales, mientras que el Gobierno se queda con otro 1,5 por ciento que va a un fondo de garantías de pensión mínima. Así que del 16 por ciento de retención de la nómina destinado a cubrir la pensión, a los afiliados solo les queda un 11,5 por ciento que el grupo invierte como más le convenga”, explicó el economista Salomón Kalmanovitz, en julio del año pasado, en su columna de El Espectador.

Según Kalmanovitz, el 60 por ciento del ahorro pensional “se invierte en empresas colombianas, varias de propiedad de los mismos grupos financieros” de los que hacen parte los fondos privados. “Es como si yo hiciera negocio con yo, y además fijando los precios que más me convengan”, indicó el economista en ese momento.

Porvenir, por ejemplo, es propiedad del Grupo Aval, y Protección está asociado al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

El debate sobre una reforma pensional de fondo lleva varios años sin resolverse. En 2018, el Banco de la República y la Fundación CiSoe, con apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, realizaron un seminario internacional para abordar el asunto. Lo expresado allí fue consignado en el libro Reforma pensional en Colombia, el debate pendiente. Lecciones desde América Latina, publicado en 2019.

Una de las conclusiones del informe fue que ninguna reforma podrá legitimarse ante la opinión pública si “no ayudan a que se cumplan las expectativas de pensión de la población”.

“Ni la mayor eficiencia de los nuevos sistemas, ni su aporte al desarrollo económico, ni la mejor calidad de servicio son suficientes para asegurar su sustentabilidad política de largo plazo. Cualquiera que sea la motivación de las reformas, mejorar las pensiones debe ser uno de sus objetivos centrales”, indicó.

En 2019, por ejemplo, el 62 por ciento de los cotizantes de fondos privados que terminó “su proceso de ahorro para la vejez” no logró una mesada pensional, de acuerdo con el documento ‘Mercados laborales fragmentados y sistemas de protección social en Colombia’, elaborado por Marcela Meléndez, Marcela Pantoja y Francisco Alvarado, economistas.

Como lo advirtió la economista y exministra Cecilia López a Diario Criterio, este es un asunto complejo en el que ha primado, no solo ahora, la desinformación y el desconocimiento de todos.

Las consecuencias de lo que se haga son de tal “dimensión que se necesita tanto del sector público como del sector privado para encontrar el camino que garantice la mejor solución para todos los colombianos. La eterna pelea entre lo público y lo privado ha sido muy costosa para la gente”, plantea López en el prólogo del libro ‘Reforma pensional en Colombia, el debate pendiente. Lecciones desde América Latina’.

“Las consecuencias de no reformar su sistema pensional no solo tienen impactos sociales negativos, sino que también generarán inmensos costos fiscales en el futuro. Las cifras son contundentes: hoy el 68 por ciento de los colombianos que trabajan no puede construir una pensión y el 69 por ciento de adultos mayores no tiene ingresos mínimos que les garanticen una vejez digna”, plantean los expertos en el libro.

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