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Subeditor     Mar 25, 2025 - 8:50 am

Día a día, miles de personas sufren con las llamadas que les hacen de parte de bancos y que buscan saldar deudas o incluso adquirir productos financieros con las entidades del país.

Aunque hace dos años hay una ley que pone freno a esto, no todos la conocen y comprenden las implicaciones que la misma tiene hacia los bancos.

Por ejemplo, uno de los apartados resalta que los horarios para esas llamadas son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Una llamada de parte de los bancos a cualquier otra hora representa una violación a la ley y, por ende, una infracción de las entidades hacia sus clientes.

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La ley estipula que los colombianos pueden anotarse en el registro de números excluidos y así evitar todo tipo de llamada de entidades. Sin embargo, esto puede dejarlo sin notificaciones de su banco cuando haga transacciones.

Para anotarse en este registro y ser beneficiario de esta ayuda para evitar el asedio de los bancos, solamente debe ingresar en este enlace de la CRC con el fin de obtener la información necesaria.

Cómo es ley para evitar el asedio de bancos en Colombia

​La Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como la ley “Dejen de fregar”, fue promulgada en Colombia con el propósito de salvaguardar el derecho a la intimidad de los consumidores frente a comunicaciones no deseadas por parte de entidades financieras y comerciales.

Esta legislación establece horarios específicos para que las entidades puedan contactar a los usuarios: de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., prohibiendo cualquier tipo de comunicación los domingos y festivos. Además, limita el número de contactos a un máximo de dos por semana, sin importar el canal utilizado.

Quiénes vigilan esta ley en Colombia

La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio son las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de esta normativa.

En caso de infracciones, estas entidades tienen la facultad de imponer sanciones a las organizaciones que violen las disposiciones establecidas, garantizando así la protección efectiva de la privacidad de los consumidores.

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