La propuesta del presidente Gustavo Petro de intervenir los precios de los arriendos en Colombia provocó diversas reacciones, casi todas en contra. Si bien el mandatario argumenta que esta medida es necesaria para controlar la inflación, cada vez más voces advierten sobre sus posibles consecuencias.
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Según cifras del Dane, los arriendos representan una porción importante de la canasta familiar y han contribuido al aumento de la inflación. Ante este panorama, Petro planteó la posibilidad de regular aún más el mercado inmobiliario, una idea que, según algunos expertos, sería contraproducente.
“El mercado de arrendamiento en Colombia ya cuenta con un marco regulatorio establecido por la Ley 820 de 2003”, explicó en Portafolio Julio Miguel Silva, economista especializado en vivienda. Esta ley establece límites al valor de los cánones de arrendamiento y a sus incrementos anuales.
Sin embargo, el presidente manifestó su intención de ir más allá de esta regulación existente para bajar el precio de los arriendos. “Si el mercado inmobiliario sigue especulando, también intervendremos allí”, afirmó.
Consecuencias de una intervención a los arriendos en Colombia
Expertos consultados por el rotativo coinciden en que una intervención más profunda en el mercado inmobiliario podría ocasionar una serie de efectos negativos.
En primer lugar, puede haber disminución de la oferta. Si los propietarios consideran que los rendimientos de sus inversiones inmobiliarias son insuficientes debido a las regulaciones, podrían retirar sus propiedades del mercado, lo que reduciría la oferta de viviendas en alquiler y, paradójicamente, podría aumentar los precios.
Además, podría registrarse un aumento de la informalidad. Para evitar las restricciones impuestas por el Gobierno, algunos propietarios podrían optar por alquilar sus inmuebles de manera informal, lo que dificultaría el control y la fiscalización del mercado.
Asimismo, advierten un posible desincentivo a la inversión, ya que un manejo estatal de los precios aburriría a los propietarios y a largo plazo podría afectar la disponibilidad de viviendas y el desarrollo urbano.
Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, advierte que “pensar en intervenciones adicionales no genera eficiencias en el mercado y por el contrario distorsionan la operación del mercado de renta”.
En conclusión, si bien la intención del Gobierno es proteger a los consumidores, los expertos aseguran que una mayor intervención en los precios de los arriendos podría provocar efectos perversos que a la larga perjudicarían a los mismos a quienes se busca beneficiar.
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