Según El Tiempo, en una reciente reunión en Bogotá, a la que asistieron cerca de 20 equipos del fútbol profesional colombiano, se debatió la propuesta del Ministerio del Interior, que sugiere la retirada gradual de la Policía Nacional de los estadios.
El encuentro, tal y como detalló el periódico, fue promovido por la Dimayor y contó con una amplia representación de clubes de las categorías A y B.
Entre los puntos más discutidos durante la jornada se destacó la posibilidad de que los clubes deban contratar vigilancia privada para encargarse de la seguridad dentro de los recintos deportivos. Según informó el general William Salamanca, director actual de la Policía Nacional, el objetivo es reorientar el pie de fuerza para que se concentre más en tareas de seguridad ciudadana.
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En este espacio, @PoliciaColombia y @SuperVigilancia socializan capítulos sobre seguridad privada y fuerza policial, con el fin de fortalecer los protocolos de protección e integridad, además de identificar insumos para construir el Código de Convivencia en el fútbol. pic.twitter.com/Rdbhg4zoqp
— MinInterior Colombia (@MinInterior) December 13, 2024
Una fuente cercana, que prefirió mantener el anonimato, le indicó a El Tiempo que dicho cambio podría interpretarse como un mal entendimiento de la sentencia C-128 de 2018, que regula la participación policial en eventos.
La preocupación principal radica en asignar funciones propias de la Policía, como la requisa y la detención, a los cuerpos de seguridad privados, una facultad que no les corresponde legalmente.
Otro tema alarmante para los equipos es la reducción propuesta del acompañamiento policial a solo el 20 %, lo cual, según las fuentes, podría desencadenar problemas de orden público en eventos deportivos.
“Nos piden que contratemos escoltas… Se va a reducir el acompañamiento de la Policía al 20 %”, comentó la fuente.
Esta situación ha llevado a varios clubes, especialmente en la categoría B, a contemplar la posibilidad de jugar sin público para reducir riesgos.
De hecho, varios dirigentes han expresado su inquietud por el aumento en los costos que implicaría la contratación de seguridad privada. Un directivo destacó la dificultad de encontrar suficientes vigilantes para cumplir con las demandas de un partido de alta categoría.
“El tema está muy complicado… Si nos exigen 400 o 500 policías para partidos clase A, dónde consigo 500 vigilantes”, confesó a El Tiempo.
Los puntos específicos del nuevo protocolo que se discutió incluyen la autorización del uso de armas no letales por parte de la seguridad privada, aprobadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y la posibilidad de que la seguridad privada participe en el registro de personas y bienes en los anillos de seguridad de los eventos.
La nueva reunión quedó programa para el próximo martes. Allí, se espera que los diversos actores involucrados en la seguridad de los eventos deportivos puedan llegar a un acuerdo que garantice tanto la integridad física de los asistentes como la viabilidad financiera y operativa de los equipos de fútbol colombiano.
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