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El hecho lo recordó el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del inmolado magistrado Carlos Medellín Forero, en los 40 años del holocausto.
Las víctimas del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por guerrilleros del M-19 el 6 de noviembre de 1985, siguen luchando para que su versión sea escuchada y tenida en cuenta al relatar la historia. Se resisten a que la narrativa que se haya impuesto sea la de que el holocausto del templo de la justicia se reduzca a la desproporcionada retoma del Ejército, y en cambio busque el olvido, la negación o el silenciamiento de la responsabilidad que les cabe a los primeros asaltantes. En eso llevan cuarenta años.
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A esa situación, según el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del inmolado magistrado Carlos Medellín Forero, tiene su origen en la amnistía e indulto del que se beneficiaron todos los integrantes del M-19, lo cual dio paso a un proceso de paz con esa organización. “Las investigaciones por la toma, la financiación de la toma, los que tomaron las decisiones, todo ese entramado criminal del M-19 contra la Corte, pararon”, lamentó Medellín Becerra en Noticias Caracol. “Indulto y amnistía, [porque] la paz está por encima de todo, y las víctimas en su momento lo dijimos: la decisión del país es amnistía e indulto para todos guerrilleros del M-19 ¿a cambio de qué?”.
“Nosotros sí lo pedimos en su momento: ¿los van a perdonar a cambio de nada? ¿Sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento de los que pasó? Y lo que nos respondieron fue: Sí, a cambio de nada. Amnistía e indulto para todos con la Ley de Indulto de 1989”, dijo el exministro en el informativo. “Y entonces pasó algo terrible y absurdo: todas esas investigaciones pararon, pero las investigaciones contra el Estado, contra la fuerza pública, contra el operativo, contra los militares, siguieron. Hubo un desbalance porque mientras las otras investigaciones continuaron con condenas, con cárceles, con indemnizaciones, pero contra la guerrilla paró todo por el indulto y la amnistía”.
Medellín Becerra recordó que hubo decisiones judiciales fruto de una investigación de muchos años de jueces de instrucción penal que dictaron fallos muy importantes que el país conoció. “Pero se empezó a construir una historia distinta”.
“Recuerdo la providencia del juez 30 de instrucción criminal, que fue el juzgado que adelantó esa investigación muy larga, muy fuerte y muy importante, en la cual dictó resolución de acusación por homicidio y tentativa de homicidio contra los miembros del M-19 como autores materiales. Es decir, los que habían muerto dentro del Palacio, contra ellos no, sino contra guerrilleros que habían salido del Palacio, y por la autoría intelectual de la toma, y de las consecuencias y del manejo de la toma del Palacio de Justicia, a los dirigentes y a los miembros del M-19 con nombre propio y apellido, en donde la justicia les dictó resolución de acusación por homicidio y tentativa de homicidio”, sostuvo el exministro.
Medellín Becerra recordó que, entre ellos, estaban Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Otty Patiño, Rosenberg Pabón, y destaca el nombre del actual presidente Gustavo Petro Urrego. “Yo conocí ese expediente, a mí me llamaron a ese proceso. Yo declaré en ese proceso ante la justicia penal. Era un expediente inmenso, era un expediente gigante, con testimonios, con pruebas, con las fotos de los muertos, los levantamientos. Era un expediente impresionante que desapareció. Se lo robaron. Si usted va a pedir el expediente, no existe”.
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El exministro hacía referencia a que, como lo estableció el informe final del a Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema de Justicia, el 31 de enero de 1989, el Juzgado 30 calificó el mérito del sumario y profirió resolución acusatoria en contra de Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso Hernández, guerrilleras del M-19 que salieron vivas de la toma, y contra los miembros del Mando Central Carlos Pizarro Leongómez y Antonio José Navarro Wolff.
También contra los miembros del Comando Superior del M-19 Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita Valenzuela, José Otty Patiño Hormaza, Vera Grabe Loewenherz, Libardo Parra Vargas, Israel Santamaría Rendón y Rosemberg Pabón Pabón; y los miembros de la Dirección Nacional del M-19 Jesús Arjaid Artunduaga Rodríguez, Evert Bustamante García, Rafael Arteaga Giraldo, José Yamel Riaño, Afranio Parra Guzmán, Remberto Artunduaga Palomares, Gerardo Ardila Serrano, Rafael Ernesto Vergara Navarro, Carlos Augusto Erazo Murcia, Eduardo Chávez López, Jaime Bermeo Cruz, Alix María Salazar Salazar, Gustavo Francisco Petro Urrego y María Rosalba Vásquez Martínez.
A todos ellos los acusó como autores del delito de rebelión y coautores de los hechos punibles de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro.
Medellín también recordó en Noticias Caracol que en 1992 “una juez de orden público retomó el tema, hizo una investigación y dijo que, como hay un indulto y una amnistía, había unos delitos que no eran amnistiables ni indultables: los de la violación al derecho internacional humanitario como terrorismo e incendio. Entonces reabrió el caso y ordenó la captura de los mismos a los que se la habían ordenado inicialmente por homicidio, pero por terrorismo y por incendio. A la misma cúpula: Antonio Navarro, Vera Grave, Otty Patiño y Gustavo Petro, entre otros”.
“En ese momento se genera una crisis política terrible porque una juez ordena la captura de los miembros del M-19 que estaban reinsertados en la vida civil”, continuó Medellín Becerra en el informativo. “En ese momento, el gobierno decide presentar un segundo indulto al Congreso con mensaje de urgencia para salvar el proceso de paz. La idea era indultar a los miembros del M-19 por segunda vez, pero esta vez ya con nombre propio por los hechos del Palacio de Justicia. Lo llamaron perdón total. El ponente de ese proyecto y el informe que se presentó al Congreso del perdón total a todos los miembros del M-19 fue del entonces congresista Álvaro Uribe Vélez“.
Uribe Vélez “era miembro del Partido Liberal, el gobierno tenía una crisis política por el tema del proceso de paz, hubo un consenso nacional de que había que presentar esa ley y perdonarlos de nuevo. Las víctimas volvimos a decir: verdad, justicia, reparación y no repetición; y nos volvieron a decir: no, no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación ni no repetición. Y los volvieron a indultar”.
Ante la pregunta de qué relato construyeron que no es cierto. Medellín Becerra dijo: “El holocausto que es la retoma por parte de la fuerza pública que entró y asesinó a todos los que estaban dentro del Palacio de Justicia incluidos a los ‘héroes’ del M-19. Entonces, cambió la cosa: unos quedaron indultados y amnistiados, y todas las miradas se dirigieron hacia la retoma del Palacio de Justicia, que fue un hecho también criminal por el cual el Estado fue condenado por el exceso en el operativo, por la manera como la fuerza pública tomó la decisión de recuperar el edificio a sangre y fuego, operación rastrillo, dar de baja a los guerrilleros como fuera y muy rápido para que no se repitieran los hechos de la embajada de la República Dominicana y se quedaran los guerrilleros en el Palacio un mes”.
Para el exministro, el tema del Palacio de Justicia se volvió la parte final de la toma del Palacio de Justicia, que tiene sentencias, tiene investigaciones. “Hay más claridad sobre lo que pasó al final que lo que pasó al comienzo. Y resulta que eso es desequilibrado porque uno no puede concluir que la tragedia del Palacio de Justicia es la retoma y lo que sucedió al final, y perder de vista que un grupo de asesinos y criminales decidieron entrarse a un edificio sin protección, un edificio con civiles inocentes desarmados, tomarse el edificio, secuestrarlos, arrodillarlos, ponerlos de carne de cañón, asesinar personas como las asesinaron, y de esa parte no de habla”.
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