Procuraduría pide a JEP que dé apertura urgente a casos de abuso en medio del conflicto

El Ministerio Público le pidió hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicaciones sobre la tardanza en la apertura del macrocaso 11, que investigará crímenes relacionados con abuso y violencia basada en género durante el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento ya tiene en sus manos la propuesta.

En un memorial enviado a la JEP por parte de la Procuraduría, cuatro delegados dijeron que han transcurrido 36 días desde que un fallo de tutela le ordenó a la Sala de Reconocimiento decidir sobre el tema. Esa providencia le daba a la Sala 30 días para realizar ese proceso.

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La acción de tutela fue interpuesta por el órgano de control y la líder social Yolanda Perea Mosquera, alegando que, aunque la Jurisdicción Especial ha estudiado el abuso en todos sus casos abiertos, eso no era suficiente para garantizar los derechos al debido proceso, la verdad, reparación, no repetición y justicia en un tiempo razonable.

El 16 de junio la Sección de Revisión del Tribunal de Paz les dio la razón. Entre otras razones, señaló que la misma Sala de Reconocimiento había decidido priorizar el macrocaso 11 en julio de 2022, pero aún no daba una respuesta certera.

Incluso, si había algún tipo de demora desproporcionada, el Estado no podría juzgar estos crímenes cometidos en el conflicto, lo que sería incumplimiento de obligaciones internacionales.

Aunque la JEP aún no le ha respondido al Ministerio Público, la magistrada relatora del eventual Caso 11, Julieta Lemaitre, sí ha dicho públicamente que su trabajo en el tema se retrasó porque tuvo un cuadro de neumonía que afectó su labor. En todo caso, la semana pasada presentó a la Sala de Reconocimiento el proyecto de priorización.

Lemaitre ha desarrollado el tema junto a la magistrada Lily Rueda. Ellas abordaron la violencia de género cometida por las extintas FARC contra civiles y contra sus propias filas, y el magistrado Óscar Parra se enfocó en la ejercida por la fuerza pública contra civiles.

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La discusión en la que la Sala concretará si amerita abrir un nuevo macrocaso, o no, está programada para la primera semana de septiembre. La Procuraduría y otras organizaciones han sido enfáticas en que la apertura es necesaria.