Fuga de Aída Merlano les pasó factura a funcionarios del Inpec: Procuraduría los despidió

La Procuraduría destituyó e inhabilitó a cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por facilitar la fuga de la excongresista condenada Aida Merlano Rebolledo, el 1 de octubre de 2019, durante una cita odontológica en Bogotá.

Se trata de la exsubdirectora de la cárcel El Buen Pastor (de Bogotá), Katherine Lozano Forero; el comandante de Custodia y Vigilancia, David Alexánder Álvarez; y la teniente en prisiones, Diana Cecilia Muñoz, quienes fueron sancionados por ocho años. Por su parte, el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón deberá pagar una sanción de tres meses.

La investigación comprobó que Lozano Forero, mientras fungía como directora encargada, aprobó los documentos judiciales para el traslado de Merlano a un consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019.

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Encontró también que Álvarez, mientras se encontraba en su periodo de vacaciones, suscribió la remisión médica de la excongresista al centro odontológico Clínica de la Sabana, en Bogotá, sin las medidas de seguridad necesarias para efectuar los respectivos movimientos.

Este exfuncionario, además, ya había sido condenado a 15 años de cárcel por la justicia penal.

Mientras que Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión, con el objeto de la ejecución de un procedimiento estético dental.

Asimismo, el organismo de control ratificó que Ballesteros Rincón permitió que la procesada tuviera interacción con sus hijos, Aida Victoria y Esteban, mientras permanecía en el centro hospitalario; lo que llevó consecuentemente a huir del lugar.

Debido a esto, la entidad sostuvo en su decisión que los disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que está establecido en la ley para cumplimiento de los servidores públicos.

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Finalmente, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó las faltas del comandante y de la teniente como gravísimas, a título de dolo; de la subdirectora, como gravísima, a título de culpa gravísima; y al dragoneante como grave, a título de culpa.

Merlano fue acusada por la Fiscalía, y formalmente llamada a juicio, el 16 de noviembre del año pasado, cuando el fiscal Jaime Duque narró ante la justicia que en octubre de 2019, cuando acudió a un centro odontológico y luego bajó por la ventana sosteniéndose de una soga, ella era consciente de la ilegalidad de su conducta.

Todo ocurrió el 1 de octubre, mientras Merlano era custodiada por el Inpec en la cárcel El Buen Pastor, por cuenta de una orden de la Corte Suprema de Justicia. La excongresista aprovechó la cita médica para deslizarse desde el segundo piso, donde estaba el consultorio, caer en el andén de una calle principal, subirse a una motocicleta y semanas después aparecer en Venezuela.

Merlano, avalada por el Partido Conservador y quien en varias ocasiones ha declarado que las familias Char y Gerlein son las artífices de su escape, fue imputada por el delito de fuga de presos en abril de 2023, cuando llegó a Colombia tras ser deportada. Ella no aceptó los cargos.

Por su fuga también fue condenada su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda, a siete años y siete meses, pero de manera insólita un juzgado le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.