Petro se plantó con acción judicial en contra de precandidato presidencial y destapó por qué

El presidente de Colombia sorprendió con el anuncio de una medida radical, impactante de cara a las elecciones que se avecinan para el próximo año.

Gustavo Petro, que hizo ajustes con una empresa norteamericana, también indicó que tomó cartas con un tema personal en el que considera que ha sido notablemente afectado a nivel nacional.

El presidente de Colombia acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para hacer pública una determinación radical, especialmente, en vísperas del panorama electoral para 2026.

“He ordenado iniciar proceso por calumnia a un precandidato por la sistematicidad de su falsedad y grosería extrema”, aseguró el mandatario en un breve mensaje, sin dar mayores detalles.

A pesar de que no se reveló a quién hace referencia, el tema no es menor si se considera que el 31 de mayo del próximo año se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Cabe recordar que recientemente fue al presidente Petro al que ordenaron retractarse contra Marta Lucía Ramírez, en determinación de la justicia por un trino sobre ella tiempo atrás.

¿Qué proceso judicial se aplica en Colombia por calumnia?

El delito de calumnia en Colombia está regulado en el artículo 221 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), bajo el título ‘Delitos contra la integridad moral’. Conforme a esta norma, comete calumnia quien “impute falsamente a otro una conducta típica”, es decir, un hecho punible que en realidad no ocurrió.

Las penas previstas tradicionalmente para ese delito comprenden prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

No obstante, por reformas legislativas posteriores, las sanciones pueden ascender hasta prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13,33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Procedimentalmente, el proceso por calumnia debe iniciarse mediante querella de la parte agraviada, salvo que la ley disponga lo contrario, con la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, asignación de fiscal, audiencia de formulación de cargos y posibles etapas de juicio.

También existe la posibilidad de que el acusado se retracte voluntariamente, lo cual podría extinguir la responsabilidad penal si la retractación se publica en el mismo medio en que se difundió la imputación y antes de sentencia.

Así, la calumnia en Colombia es un delito penalmente sancionado que protege el honor y reputación de las personas y exige que la acusación falsa sea imputada con conciencia de falsedad para que se configure el tipo legal.

¿Qué figuras públicas en Colombia han sido condenados por calumnia?

El delito de calumnia en Colombia, tipificado en el Código Penal, ha resultado en condenas contra diversas figuras públicas, afectando principalmente a periodistas y figuras políticas que participan activamente en el debate.

Un caso emblemático es el del periodista Luis Agustín González, fundador de Cundinamarca Democrática. González fue condenado inicialmente por injuria y calumnia en un tribunal de primera instancia, tras publicar un editorial crítico contra la exgobernadora María Leonor Serrano.

Aunque posteriormente un Tribunal Superior lo absolvió del cargo de calumnia, ratificó la condena por injuria, un delito conexo, por haber lesionado la “integridad moral” de la política, lo que abrió un fuerte debate sobre la libertad de prensa, como lo documenta la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

tro ejemplo relevante, aunque se resolvió con una orden de rectificación más que con una condena penal de prisión, involucra a Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

En 2022, la Corte Constitucional le ordenó rectificar las acusaciones de calumnia e injuria que había hecho en redes sociales contra la Flip, aludiendo a la difusión de información falsa.

Estos casos demuestran cómo la calumnia, que se define como imputar falsamente una conducta delictiva, sigue siendo una herramienta legal usada por figuras públicas para defender su honor, resultando en condenas (a menudo suspendidas) o en órdenes de rectificación obligatoria que impactan a periodistas y líderes de opinión.