Bienes por más de $ 391.000 millones, destinados a reparar a víctimas de los paramilitares

Este sería el año con el avalúo más grande desde la entrada en vigencia de la ley de Justicia y Paz, después de que, a través de la Dirección de Justicia Transicional, se identificaran y recuperaran los bienes que ascienden a un valor de más de $ 391.032 millones.

Según la Fiscalía, esto supera en alrededor de $ 30.000 millones el avalúo de entregas efectuadas durante el año 2021. Un avance que se da en el marco de las investigaciones adelantadas dentro de esta justicia transicional.

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Además, se informó que las salas de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior impusieron, durante 2022, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión sobre bienes que pertenecerían a los paramilitares que están avaluados en $ 345.126 millones. Estas acciones representan un aumento en $ 100.000 millones sobre los bienes que fueron objeto de medidas cautelares durante el año anterior.

Además, la Fiscalía informó que realizó solicitudes de imputación de cargos por 18.698 eventos delictivos que tienen relación con el conflicto armado, específicamente relacionados con el actuar de grupos paramilitares. Entre los hechos se encuentran homicidios en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento forzado. Además, se informó que más de 40.000 casos pasaron la etapa de imputación en 2022, 13.000 más que en 2021.

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También se afirmó que el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), logró en el 2022 la exhumación de 918 cuerpos de posibles desaparecidos a manos de miembros de los paramilitares. Esto corresponde al año con mayor número de exhumaciones desde que se adelantan estas diligencias. Además, se realizaron 330 entregas dignas y 74 entregas simbólicas.

Finalmente, la Fiscalía afirmó que fueron emitidas 18 resoluciones de acusación y 18 actas de formulación de cargos para sentencia anticipada sobre casos que involucran a terceros que financiaron o promocionaron estructuras paramilitares. Esto, en casos relevantes como los desplazamientos forzados de Curvaradó y Jiguamandó (Chocó), homicidios en la Cárcel Modelo de Bogotá, financiación de azucareros de Valle de Cauca, financiación de Perenco y hechos de corrupción de postulados excluidos de Justicia y Paz.