Director del Inpec responde a cuestionamientos por botellas de whisky a $ 5 millones

La Unidad Investigativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer el resultado de las primeras indagaciones relacionadas con las festividades de Año Nuevo al interior de las cárceles del país. Se encontró que, a partir de información dentro de prisiones como La Picota (Bogotá), guardias ofrecieron botellas de whisky hasta a $ 5 millones.

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En diálogo con El Espectador, el director encargado del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, habló del origen de las alertas sobre corrupción y el futuro de la Unidad Investigativa.

¿Cuál es la información oficial sobre las botellas de whisky?

En diciembre hicimos el relanzamiento del Observatorio de los Derechos Humanos, que está direccionado por el congresista Guido Echeverry y por la organización Cárceles al Desnudo. De la mano con ese lanzamiento, conformamos la Unidad Especial Investigativa para trabajar todas esas denuncias que van a empezar a llegar a través del observatorio.

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Esto ha hecho que muchos internos y que muchos guardianes, que están haciendo las cosas bien, empiecen a dar información. Dentro de las informaciones que nos llegaron la semana pasada es que había algunos guardianes que querían ofrecer licor a los internos y los precios oscilaban entre $ 4 y $ 5 millones por una botella de whisky.

¿Qué hizo el Inpec una vez conoció la información?

Previo a esto, para que no se presentara, hicimos una rotación de los guardianes, reforzamos la seguridad, enviamos guardianes de la regional central y de la dirección general a reforzar los controles de los ingresos. Hicimos unos sorteos para la seguridad. Así lo evitamos y ahora estamos investigando quienes son los que estaban tratando de hacer esa modalidad de contrabando para empezar a hacer las sanciones.

¿En qué cárcel se presentaron las alertas?

Efectivamente, pudo haber sido en la cárcel La Picota de Bogotá. En esa prisión hay un contraste muy fuerte porque tenemos internos de todos los niveles. Hay sociales, hay antiguas Farc, del Eln, del Clan del Golfo y están los políticos y los extraditables. Es una cárcel con mucha variedad y con un poder de adquisición importante.

¿Qué otros hallazgos presenta la Unidad Investigativa?

Estamos revisando que hay personas privadas de la libertad que son de nivel 1 de seguridad y que se encontraban en pabellones que no son de alta seguridad. Hicimos una reubicación de esas personas. Hemos encontrado malas prácticas de algunos internos como que todo lo que pasa ahí lo cobran. Por ejemplo, llega un interno nuevo y lo ponen a hacer aseo, lo cobran por el planchón, le cobran por el espacio de una celda.

Hay una mala práctica y es que algunos funcionarios se acercan a los internos y les dicen, por ejemplo: “Alias Pepito, a usted lo van a trasladar de esta cárcel. Por favor denos una cantidad de dinero y nosotros hablamos con el director”. Efectivamente, como no están en el radar de traslado, terminan cobrándole ese dinero. Han servido mucho las visitas y tener representantes de derechos humanos en todas las cárceles del país.

¿La Unidad Investigativa está relacionada con la Inspección del Inpec?

Ellos son funcionarios del Inpec que dependen de la Dirección General y están en articulación constante con la Fiscalía. Tenemos varios fiscales vinculados y que hacen parte de administración pública y territorial. Estamos buscando que nos asignen fiscales en temas de anticorrupción, de delitos contra la administración pública y de extinción del derecho de dominio. Además, se compulsan copias a la Procuraduría, para adelantar procesos disciplinarios.