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Esa fue la respuesta de los dos dirigentes del partido Farc, que reconocieron el magnicidio del líder conservador, a la solicitud del Gobierno Nacional.
Este miércoles, el presidente Iván Duque y su comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pidieron celeridad en el proceso investigativo después de que los integrantes del partido Farc dijeron ser los autores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y también solicitaron la renuncia de Carlos Antonio Lozada, que dijo haber trasmitido la orden del secretariado de la entonces guerrilla a las unidades que tenía bajo su mando en Bogotá.
“No vamos a renunciar [a la curul en el Senado] porque nos sentimos honrados de representar en esta curul esa sangre de los héroes que algún día la historia de Colombia reconocerá, ese es el peso histórico que llevamos en nuestros hombros”, dijo Lozada en Blu Radio.
El hoy senador añadió que están obligados a seguir contando la verdad a las autoridades, pese a que el Gobierno no ha cumplido con la implementación de los acuerdos de paz. “Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional van a comenzar a exigirnos verdad”, dijo en esa misma frecuencia.
“Vamos a honrar nuestra palabra. Ni las balas ni las amenazas ni los chantajes ni los montajes nos van a alejar de ese camino”, añadió Lozada en ese medio. “El destino histórico de nuestra propuesta política está amarrado a la paz y a la verdad”.
Por su parte, el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), aseguró que recibía “con tranquilidad” la citación que les hizo la Fiscalía a él y a Losada.
“Creo que el Fiscal [Francisco] Barbosa está instrumentalizando nuevamente la Fiscalía para servir a los intereses del gobierno Duque”, sostuvo Londoño en El Tiempo. “¿Recuerdan todo lo que ha hecho y sigue haciendo el partido de gobierno para echar abajo los Acuerdos de Paz y particularmente la JEP?”.
Para Londoño, la citación del ente acusador “es absolutamente contraria al Acuerdo [de Paz], a los actos legislativos, leyes y sentencias de la Corte Constitucional”.
“Constituye una flagrante violación de los más elementales principios jurídicos y de procedimiento”, lamentó. “Todo el mundo sabe que los procesos judiciales deben cumplirse ante el funcionario competente. Y ese funcionario es la JEP”.
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