Salpican a congresista en lista de esmeralderos que buscan asesinar; ya hubo varios muertos

El reciente asesinato de Jesús Hernando Sánchez Sierra, un prominente figura del mundo de las esmeraldas, ha conmocionado al gremio de las esmeraldas, actividad a la que se dedicaba. Este hombre fue víctima de un ataque perpetrado por un francotirador el pasado domingo, lo que ha desatado una atmósfera de miedo y paranoia entre sus socios y allegados.

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Este temor se ha intensificado pues varios de estos asociados figuran en una “lista negra” que implica a notorios narcoesmeralderos y organizaciones criminales. Un documento, que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía y que fue elaborado en 2018 en la cárcel La Picota, parece ser la base de este temor. Dicha lista fue confeccionada con la colaboración de la Oficina de Envigado y el ‘Clan del Golfo’, y ahora es parte fundamental de la investigación tanto del homicidio de Sánchez como de su socio, Juan Sebastián Aguilar, alias ‘Pedro Pechuga’, según informó El Tiempo.

Las tensiones aumentan debido a que, según revelaciones del citado diario, ya van tres personas asesinadas de las doce nombradas en la lista. Los análisis preliminares sugieren que aquellos señalados han sido vinculados con informaciones entregadas a la justicia estadounidense, lo que los hace blancos potenciales para represalias.

Entre los políticos notablemente preocupados se encuentra Jonatan Sánchez, exdiputado de Boyacá y ahijado de Hernando Sánchez, y Eduard Alexis Triana Rincón, hijo del extraditado narcoesmeraldero Horacio Triana y actual representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. A pesar de las acusaciones, un comunicado del mencionado movimiento político afirma que Triana Rincón no tiene lazos con las actividades criminales de su padre y resalta la presunción de inocencia al no estar vinculado legalmente a algún proceso, de acuerdo con el impreso.

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El enfoque ahora está tanto en la seguridades de estas figuras políticas como en la integridad del sistema judicial que intenta proteger a aquellos que, habiendo optado por colaborar con la justicia, se encuentran en peligro mortal. La comunidad política y la ciudadanía esperan acciones concretas que fortalezcan la seguridad y el estado de derecho en un país marcado por la infiltración del crimen en sus estructuras más profundas, según el citado portal. 

El asesinato de Sánchez y las subsecuentes investigaciones abren un capítulo sombrío en la historia reciente de Colombia, donde la línea entre el crimen organizado y la política parece, a veces, difusa.  Este caso no solo ha reactivado debates sobre la eficacia de la justicia sino también sobre las medidas de protección para aquellos que, al denunciar o al estar expuestos involuntariamente, enfrentan riesgos excepcionales.