Dictan sentencia a agente del Esmad por la muerte de Nicolás Neira, de 15 años, en 2005

Nación
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Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2021-04-30 02:59:25

El agente Néstor Julio Rodríguez le disparó una granada de gas lacrimógeno al menor de edad el 1 de mayo del 2005, "sin orden previa de sus superiores".

El policía, miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), había sido condenado en enero pasado, pero el monto de la pena había quedado pendiente de conocerse.

Este jueves, la juez 18 Penal de Conocimiento de Bogotá declaró al policía “responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual” y le impuso una condena de 17 años de prisión.

Adicionalmente “le impuso una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena“, detalló la Fiscalía, en un comunicado.

“Los peritajes de balística y los dictámenes médico-forenses evidenciaron que desconoció los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos, y lo disparó de forma lineal y directa”, agregó el ente acusador.

Una de las granadas alcanzó a Neira, quien participaba en las protestas con otras personas en el centro de la ciudad, y falleció cinco días después a causa de un trauma craneoencefálico que le ocasionó el disparo.

El caso de Nicolás Neira es uno de los tantos por los que organizaciones de derechos humanos en el país han pedido a las autoridades una reforma estructural del Esmad, cuyos abusos han motivado múltiples manifestaciones en los últimos años.

La condena por su muerte se conoce después de 16 largos años de pedido de justicia y en momentos en los que el país vuelve a vivir agitadas jornadas de protestas, esta vez en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque.

El Esmad es también responsable de la muerte del joven Dilan Cruz, quien murió por un proyectil disparado por uno de los agentes en el paro nacional de noviembre del 2019.

La Corte Suprema de Justicia dijo en septiembre pasado que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” y ordenó al Gobierno “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica“.

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