"Seguridad democrática 2.0", lo que quiere Óscar Iván Zuluaga para las regiones

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa anunció la llegada de 1.000 nuevos uniformados de la Policía para Bogotá, con el fin de mejorar la seguridad y fortalecer el pie de fuerza en las localidades.

Diego Molano, jefe de la cartera, indicó que esos efectivos “se suman a los 500 que se habían entregado hace un mes” y que serán destinados para fortalecer el proceso de vigilancia en cuadrantes, en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

El anuncio lo celebró el candidato del partido de gobierno, que también aprovechó para enviarle una pulla a la alcaldesa de la capital por sus críticas al actuar de los policías, luego de conocerse un informe sobre sus acciones en las protestas de septiembre de 2020.

Además, la respuesta de Óscar Iván Zuluaga se enfocó en prometer aun más aumento del pie de fuerza y no solo para Bogotá, pues aseguró que también buscará una segunda parte de la política de seguridad democrática que se popularizó en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

¿Qué es la seguridad democrática?

En su momento, esta se definió como una forma de “proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que
esté amenazada”, según se lee en el documento del Ministerio de Defensa que se lanzó en 2003  —cuando comenzó a hacerse efectiva con la entonces ministra Marta Lucía Ramírez— y rescatado por la OEA.

Luego de 5 años de implementación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que analizó los efectos de esta y emitió un documento titulado ‘Impacto de la política de seguridad democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos’.

Entre las conclusiones de ese informe publicado en 2008 se dijo que “gracias a la ejecución de esta política, el país ha tenido cambios en dos aspectos fundamentales. Por una parte, se materializó la recuperación efectiva de entes territoriales, que por años estuvieron bajo la influencia de los grupos armados irregulares. Por otra parte, y como consecuencia de la creciente presencia institucional, se recuperó y afianzó la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la capacidad del Estado de garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos humanos”.

No obstante, años más tarde se comenzó a conocer el lado negativo de lo que fue esa política y que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reseñó como “indicadores opacados por las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, un proceso de paz con los grupos paramilitares que fue permeado por la impunidad y la corrupción mediante penas suaves y la no reparación a las víctimas”.

Pares concluye que “la política de seguridad tuvo un gran componente represivo militar, pero no contempló enfoques diferenciales, humanos y sociales”, y fue justamente en el marco de esa política que se dieron los casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos‘, aunque Uribe ha insistido en negar que estuviesen relacionadas.

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