Sancionaron a reconocida empresa en Colombia: recibirá importante multa por una jugada

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 202 millones de pesos a Juan José Moratorio, identificado como controlante del grupo empresarial conformado por Nitrofert S.A.S. y varias sociedades relacionadas, a través de la compañía uruguaya Ilsady S.A.

Entre las empresas subordinadas se encuentran Nitrofoods S.A.S., Nitrocredit S.A.S., Nitrofarm S.A.S., Intefert S.A.S. y Nitrocaribe S.A.S., todas dedicadas a la producción y comercialización de fertilizantes en Colombia y competidoras de Monómeros.

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La sanción, detalla Supersociedades, se aplicó debido a que Moratorio no registró de manera oportuna y completa la existencia del grupo empresarial en el registro mercantil, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995.

La investigación determinó que, además del control, las compañías tenían unidad de propósito y dirección, lo que configura formalmente un grupo empresarial.

Aunque el sancionado aceptó los cargos, se verificó que la inscripción de las subordinadas no reflejaba la realidad corporativa, por lo que la SuperSociedades ordenó declarar y publicitar la existencia del grupo.

El superintendente Billy Escobar destacó que la medida busca garantizar la transparencia y el buen gobierno corporativo. Moratorio podrá apelar la decisión dentro de los plazos legales establecidos.

Qué hace la Supersociedades y cuál es su trabajo

La Superintendencia de Sociedades, conocida como Supersociedades, es una entidad técnica del Estado colombiano, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuya función principal es supervisar, vigilar y controlar a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y otras personas jurídicas que desarrollen actividades empresariales en el país.

Su objetivo central es velar por la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de las empresas, garantizando que cumplan con la normatividad comercial, contable y societaria vigente. Además, actúa como juez en procesos de insolvencia empresarial y liquidación, protegiendo los derechos de acreedores, socios y otros grupos de interés.

La Supersociedades tiene varias funciones clave. En su labor de inspección, recopila información financiera, administrativa y jurídica de las empresas para evaluar su situación económica y detectar posibles irregularidades. En la función de vigilancia, ejerce un control más constante sobre sociedades que presenten riesgos financieros o que, por su tamaño o importancia, requieran seguimiento especial.

En el control, interviene directamente en la toma de decisiones o en la administración de empresas cuando se presentan situaciones críticas que pongan en peligro su viabilidad o el interés público. También tiene la facultad de imponer sanciones como multas, amonestaciones o la remoción de administradores cuando se incumple la ley.

En materia de grupos empresariales y situaciones de control, la Supersociedades es responsable de verificar que las compañías informen adecuadamente sus estructuras de propiedad y administración en el registro mercantil. Esto permite a inversionistas, proveedores y demás actores económicos conocer la realidad de las relaciones corporativas, evitando la opacidad que podría dar lugar a fraudes o prácticas desleales. Asimismo, la entidad promueve la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, fomentando que las empresas tengan políticas de transparencia, responsabilidad y equidad en la gestión.

En cuanto a su funcionamiento, la Supersociedades actúa dentro de un marco legal definido por el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y otras disposiciones especiales. Sus actuaciones se desarrollan bajo el debido proceso, lo que implica que las empresas investigadas tienen derecho a defenderse, presentar pruebas y apelar las decisiones. También desempeña un papel pedagógico, capacitando y orientando a empresarios en temas como cumplimiento normativo, prevención de crisis y fortalecimiento institucional. En resumen, la Supersociedades no solo ejerce una labor sancionadora, sino también preventiva y orientadora, siendo un pilar en el ordenamiento empresarial de Colombia para garantizar un entorno económico más confiable y competitivo.