Gobierno retrocede y reforma tributaria ya no iría por $ 26 billones, sino por $ 16 billones

Este ajuste se realizaría sobre la ley de financiamiento, que ahora quedaría en $ 16,3 billones y no en los $ 26,3 billones planteados inicialmente.

El ministro señaló que la medida busca construir consenso en el Congreso para facilitar la aprobación tanto del Presupuesto como de la reforma tributaria.

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Ávila añadió que el Gobierno está dispuesto a revisar y modificar el IVA a la gasolina y al diésel, así como los gravámenes a los juegos de azar y a los licores, ejemplificando este último con productos como la cerveza.

“El esfuerzo tributario debe ser progresivo, por eso consideramos mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que garantizan un alto nivel de progresividad”, afirmó.

También manifestó que el de gasto inflexible asciende a $ 509 billones, señalando que este rubro llega a 91,4 % del Presupuesto.

Durante la discusión, explicó que de $ 66 billones destinados a gastos de funcionamiento en personal, solo $ 14 billones corresponden al Ejecutivo.

En cuanto a las transferencias, que representan 75 % de los gastos de funcionamiento, precisó que no se trata de recursos discrecionales, sino de obligaciones que el Estado está en la obligación de cumplir.

Para Ávila, la ley de financiamiento tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad fiscal del Presupuesto en 2026 y garantizar en una senda de mediano plazo una adecuada sostenibilidad de la estructura fiscal del país.

Señaló que no se ha planteado una ley de financiamiento para una coyuntura, sino para un período de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ávila señaló que un recorte presupuestal habría sido regresivo y que hubiese paralizado el Estado. Por ello agregó que a causa de lo anterior se suspendió la regla fiscal por tres años.

“Esto no significa que estemos haciendo una desestructuración de los niveles de deuda pública o de compromisos dentro de los límites establecidos originalmente. Estamos considerando mantenernos dentro de los límites establecidos por la Ley de la Regla Fiscal en materia de endeudamiento, pero a acudir a una estructura mucho más flexible de ejecución del presupuesto y de las operaciones de endeudamiento público del Estado”, determinó.