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Una de las modalidades de contratación más usadas en el país tendrá varias modificaciones, según informó Función Pública.
Los contratos de prestación de servicios en el sector público tendrán una nueva figura en Colombia, una modalidad de vinculación con diferentes entidades que cobija a miles de personas.
Los cambios se darán por cuenta de una directriz que emitió el Gobierno para reducir este tipo de contratos y que solo se firmen los “estrictamente necesarios”.
“[…] La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia”, describe el documento de Función Pública.
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Con base en la directriz, desde esa entidad del Estado se propone la creación de la figura de “empleos temporales”. Según cita el diario El Tiempo, estos tendrían 4 condiciones:
La intención del Gobierno, además, es hacer frente a la contratación a dedo y que estos empleos temporales sean planeados y con un debido estudio sobre si realmente se requieren o no.
“Vamos a cruzar todos los gastos, porque había un subregistro de contratos de prestación de servicios que no nos informaban”, afirmó César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, citado por ese diario.
El tema de los contratos de prestación de servicios en Colombia lo ha mencionado en varios escenarios la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que asegura que son una forma de precarizar el empleo en el país.
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La funcionaria, incluso, ha mencionado apartes de un estudio realizado por la Universidad del Rosario que concluye que el 57,6 % de las personas que tienen esa modalidad de contrato “aceptaría un trabajo como asalariado”.
El informe, además, afirma que el 25,9 % de los jóvenes entre 15 y 28 años de edad se vincula a una empresa como asalariado, mientras que el 19,8 % tiene un contrato por prestación de servicios.
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