La ONG difundió el resultado luego de que el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT) analizaran los informes de necropsia de los 24 presos que murieron en La Modelo entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22.
Ese documento señala que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”.
Los expertos también encontraron que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
Además, el informe indica que “diez de los 24 informes no estaban firmados, incluyendo dos que estaban marcados con la leyenda ‘borrador'”, pero que al 9 de noviembre no habían sido actualizados.
“Los expertos no pudieron obtener ni consultar otra información, como informes médicos o investigativos acerca de presos que sufrieron heridas pero no fallecieron”, añadió HRW, a la vez que detalló:
“Los forenses indicaron que algunas de las autopsias describen lesiones recientes no letales producidas aproximadamente al momento de la muerte que no estaban relacionadas a las heridas de bala. No obstante, no fue posible concluir si los presos habían sufrido torturas u otros maltratos solamente a partir del análisis de los informes de necropsia disponibles”.
Esas muertes se registraron en ese penal durante un motín en el que los presos pedían mayor atención en el comienzo de la pandemia del coronavirus, que afectó gravemente a las penales del país y motivó a una excarcelación masiva de los presos con mayores riesgos frente al virus. Esos dos días hubo revueltas en cerca de diez cárceles de todo el país.
Entre ellas están las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Picaleña, en Ibagué; Jamundí, en el suroeste del país, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia.
Solo en La Modelo, además de los 24 muertos, 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios resultaron heridos.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que pese a que la documentación oficial “indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales” hasta el momento “no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso”.
Por eso, este nuevo informe insiste en esa hipótesis y le exige a la Fiscalía que adelante “investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantice que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”.
Esto porque HRW comprobó, en reunión con el fiscal general Francisco Barbosa, que “al 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones”. Semanas después del motín, Barbosa aseguró que cabecillas del Eln y disidencias de las Farc habían instigado los motines, pero tampoco hay resultados sobre eso.
“Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo”, puntualizó Vivanco.
Además, a HRW también lanzó una alerta sobre que la investigación disciplinaria a los guardias del Inpec quedará en cabeza de Margarita Cabello, que era ministra de Justicia en el momento de los hechos y cuya gestión fue cuestionada.
Ubicación de la cárcel La Modelo, en Bogotá:
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