Lo que dice la jueza 30 de control de garantías de Bogotá es que ella no es la “autoridad para decidir de fondo” si la indagación contra Álvaro Uribe debe seguir en en la Ley 600, como lo pide el senador Iván Cepeda —declarado víctima en este caso—, por lo que le pide a la Sala Plena de la Corte definir la competencia.
Ella cree que como los hechos por los que se investigan a Uribe sucedieron en el 2018, el caso debe llevarse en el nuevo sistema penal (Ley 906), que es lo mismo que dice la defensa del expresidente, indicó Caracol Radio.
No obstante, hasta que la Corte Suprema se pronuncie al respecto, no se tomará una decisión sobre el proceso de falsos testigos, relacionado con presuntas presiones a exparamilitares presos, para que cambiaran sus testimonios y favorecieran al exjefe de Estado.
Así entonces, Uribe seguirá preso hasta que el alto tribunal diga si la funcionaria tiene la competencia o no, decisión que, según Blu Radio, se podría demorar entre 15 días y un mes.
Hasta ahora, esta situación no había sido prevista por ninguna de las partes: ni por Uribe y su defensa, ni por Cepeda, su contraparte jurídica.
Si la Corte ratifica la competencia de la jueza y el caso pasa a la Ley 906, será ella misma la que defina si Uribe puede defenderse en libertad o si debe continuar en prisión domiciliaria.
De quedarse en la Ley 600, será el fiscal Gabriel Jaimes, designado por la Fiscalía para llevar el proceso del exsenador, el que debe resolver la solicitud.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ya le había pedido a la Fiscalía que revocara la medida de aseguramiento en contra del expresidente, impuesta por la Corte Suprema. No obstante, Jaimes dijo que era un juez el que debía tomar esa decisión.
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