Cumpliendo su función de visibilizar la acción del Estado y de algunos actores privados en esta coyuntura, esta iniciativa —conformada por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Karisma y Dejusticia— cuestionó el rol de dicha aplicación en la estrategia de contención del coronavirus.
El informe señala que “después de anuncios y actualizaciones, la utilidad de Coronapp está en duda, y algunas de sus funcionalidades generan inquietudes frente al manejo y la seguridad de los datos”.
Esto teniendo en cuenta que tiene casi siete millones de descargas desde que fue lanzada el 7 de marzo de 2020, cuando Colombia apenas tenía un caso confirmado de COVID-19.
Según la investigación, la aplicación cumple bien tres de cuatro funciones al dar información sobre el virus en el país y apoyar el autodiagnóstico de los colombianos, pero “su implementación ‘offline’ no es clara”.
El informe cuestiona qué pasa con la información de los ciudadanos, una vez la comparten en la aplicación:
“En teoría, la decisión de qué hacer con la información que reportan los usuarios a través de Coronapp depende de cada departamento o municipio. Sin embargo, no está claro qué proceso de seguimiento se lleva a cabo, ni de qué forma las autoridades sanitarias pueden tomar decisiones a partir de una encuesta cuyo proceso formal de verificación se desconoce”.
“¿Qué ocurre con los usuarios luego del reporte? ¿Se analiza la información para saber si una persona en particular está en riesgo, o los datos simplemente se estudian en un nivel macro?” son otras de las preguntas de los investigadores y además siembran una duda importante por un concepto del exdirector del Dane César Caballero:
“Para poder tener información real de millones de datos tienes que tener una capacidad de procesamiento que yo no creo que el Estado tenga”.
Hay más problemas
– El informe dice que no es claro cómo Coronapp “hace parte de una estrategia de rastreo de contactos en el nivel nacional” y que hay dudas “alrededor de la verificación de los reportes y la ausencia de cifras de uso”, puesto que es muy baja la fidelidad y actualización de los datos allí consignados.
– ¿Obligarán a todas las personas a usarla? A los investigadores les parece raro que el Gobierno hable de una aplicación voluntaria pero que el manual de las tareas de los negocios para reabrir sí incluya su uso como una “medida a cumplir”.
– ¿Coronapp garantiza seguridad digital? La Fundación Karisma dijo que “encontró serias fallas” y que cuando se lanzó “se hackeaba sin siquiera intentarlo”, pero desde el Ministerio TIC le aseguraron que los problemas ya están solucionados.
En el mismo sentido, “sobre el control y uso” de información, Caballero dijo que se detectó que “todas las medidas están bajo la misma lógica de coger datos sin pedirles permiso a los ciudadanos”.
Para el analista, cuando los usuarios aceptan los los términos y condiciones de la aplicación autorizan a que cualquier entidad pública o administrativa pueda pedir sus datos. “Son unas condiciones abusivas”, dice.
Y Emmanuel Vargas, un abogado consultado por los investigadores, plantea que además es ilegal porque “la ley de ‘habeas data’ dice que la circulación personal debe ser restringida y con propósitos muy limitados y justificados cuando no exista consentimiento”.
Pese a que el Gobierno le aseguró a los investigadores que no habrá violaciones a las reglamentiaciones del ‘habeas data’, la coalición sigue dudando de las facultades que pueden tener las entidades gubernamentales para acceder a los datos de los colombianos.
Además, puntualizan, se necesita más que palabras de funcionarios y en vez de eso debe existir un documento oficial “que respalde el desarrollo de la aplicación” y un protocolo que “establezca claramente las limitaciones en el uso de los datos”, porque hasta ahora no existe, apuntó el investigador Carlos Cortés.
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