Es frecuente que los grandes escándalos, que golpean a nuestro país, aguantan y resisten hasta que la tinta y las voces de periodistas y comentaristas agotan el tema.
Los últimos eventos, que todavía ocupan espacio en las primeras planas, son Reficar y Odebrecht. Dos situaciones que tienen unas líneas tan extensas y enredadas, que ameritarán entrevistas y procesos en la Fiscalía, para llenar miles de páginas y horas de grabación.
Mientras, por otro lado, hay grupos de ciudadanos y políticos valientes que buscan subirse a ese brioso e indómito caballo, para domar una difícil situación. Algunos de estos congresistas o magistrados hacen parte de una batalla que no han logrado ganar.
Ahora, es en las calles donde comienza a gestarse una lucha por cambiar esas feas y oscuras costumbres. A la manera de aquel lejano plebiscito del eterno político, Álvaro Uribe Vélez, se han recogido firmas para proponer siete cambios, algunos estructurales y otros no tanto.
También te puede interesar
A continuación esbozo las propuestas del documento que busca conseguir cinco millones de firmas, antes del de julio de 2017, para luego ser refrendado por el voto popular al menos con once millones de votantes, en una elección que se deberá llevar a cabo en febrero del 2018.
- Bajar sueldo de congresistas de 40 a 25 salarios mínimos.
- Cárcel común y cancelación de contratos para corruptos.
- Métodos estándar para evitar que entidades públicas y alcaldías contraten a dedo.
- No más mermelada. Es decir que la inversión pública se desglose y priorice en audiencias públicas.
- Que los congresistas deban rendir cuentas sobre su gestión, entre lo que se destaca sus recomendados y el famoso lobby.
- Publicar las declaraciones de bienes, patrimonio, impuestos y conflictos de intereses de todos los servidores públicos.
- No más reelecciones eternas. Es decir que diputados, concejales y congresistas no puedan ser elegidos por más de tres periodos.
Aunque estas propuestas suenan bastante lógicas, el proceso electoral del plebiscito parece demasiado complejo. Por lo que no se entiende por qué no existe un procedimiento más expedito para cambiar estas malas costumbres de los políticos, funcionarios y entidades públicas.
La democracia participativa, planteada por la Constitución de 1991, permite que los colombianos escojamos las normas y decidamos sobre las leyes estructurales para nuestro país.
Sin embargo, la corrupción tiene otras aristas relacionadas no solo con el sector público sino también con el privado. Esa manía de los colombianos que se resume con la frase de “el fin justifica los medios”. El no pago de los impuestos, o el pasar dinero por debajo de la mesa, son entre otras actitudes que llevan a que se conviva día a día con este fenómeno.
La consulta anticorrupción está dirigida a los funcionarios públicos. Busca que las malas costumbres sean eliminadas. Pero más allá de normas y controles, que están establecidos en las leyes colombianas, hay un asunto ético, de búsqueda de cambios de actitudes morales, para que todos y cada uno de los habitantes de nuestro país entiendan que la única forma de que haya progreso en nuestra nación es con comportamientos adecuados, donde se cumpla la ley y donde se tengan comportamientos cercanos, no sólo a la ley, sino a la lógica y el sentido común.
LO ÚLTIMO
.svg)
