Retorno a la cotidianidad trae consigo, al panorama nacional, la protesta ciudadana producto de la inequidad y las injusticias sociales del sector político, económico y judicial del país; inconformismo que por la coyuntura sale tímidamente a las calles, pero sí se percibe con fuerza en los escenarios sociales del ecosistema digital. Ambiente que se atiza con la infame corrupción en época de pandemia, malversación de fondos, destinados a ayudas de la población vulnerable, que ahora tiene en serios aprietos a los gobernantes locales; desasosiego marcado por la parquedad que atónita asume los escándalos del día a día, hechos que cumplen la función eclipse para atenuar la gravedad del acontecimiento pasado.
Carga de desamparo, presiones indebidas, que sacan a la luz pública manzanas podridas en diversos sectores del entramado social; inteligencia militar, autoridad policiva, cargada de abuso y violación impune de los derechos mínimos y básicos del ciudadano. Fuerzas intimidatorias que, desde el exceso de atribución oficial, perfilan periodistas y políticos opositores o brindan brutal trato a los connacionales en la calle; indignación que saca a flote la transgresión de la ley, pero a su vez plantea una dicotomía: cómo es posible que, al mejor estilo socialista, en Colombia, Estado social de derecho, los agentes del orden estén rayando acciones próximas a un régimen dictatorial. Podredumbre que acaba con la escasa buena imagen que aun les queda a los organismos armados, institucionales, del país.
Exaltación de ánimos que concentra la atención nuevamente en la implementación del Acuerdo de Paz y con ello emergen las profundas divisiones, conflicto entre víctimas y victimarios, inflexibilidades de egoísmo e insolidaridad que no admiten puntos medios, contraposiciones que catalogan al sujeto como amigo o enemigo del resultado de la negociación en la Habana. Extirpación de la fuerza argumental y de razonamiento que lejos de cohonestar, o no, con el terrorismo pone sobre la mesa serios cuestionamientos al verdadero compromiso de los desmovilizados con la reincorporación, la voluntad de cumplir con lo pactado y resarcir al pueblo con la verdad.
Quienes hoy fungen como ilustres y “honorables” cabildantes –adalides de la verdad, la bondad y las buenas costumbres– aducen cambios a las reglas de juego, estigmatización desde los medios de comunicación que, según ellos, actúan como caja de resonancia de un lenguaje de odio que responde a las necesidades del ajedrez político del partido de gobierno. Corrillos de hostilidad que desde el artilugio de la palabra busca captar la atención y pasión de “idiotas útiles” que caen en la coyuntura de martirización que quieren hacer creer los exmilitantes guerrilleros. Maldad visceral que, cimentada en las mentiras del momento, no aporta nada nuevo y solo desvía la atención de lo verdaderamente importante, los incumplimientos de la exguerrilla sobre lo firmado en 2016.
Maquillaje del patrimonio que dejó la guerra en las arcas guerrilleras, cuestionamientos sobre la entrega total de las armas, renuencia para reconocer los crímenes cometidos, cinismo para reparar a las víctimas en busca de un perdón y olvido sin pagar las culpas por parte de los exlíderes guerrilleros que traslada la mirada a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Desprestigiada instancia seriamente cuestionada en su accionar y determinaciones, mecanismo de justicia transicional que se constituye en piedra en el zapato para el fin del conflicto; ente jurídico en competencia de funciones con las altas cortes y para el que parece no existir un límite de los hechos conexos al conflicto sobre los cuales tiene competencia.
Choque de trenes jurisdiccional que quiere ser aprovechado por actores de los grupos armados y delincuentes de cuello blanco que ven en la JEP una estupenda plataforma para dilatar sus procesos, atenuar penas y no recibir todo el peso de la ley, así como parece será con los que fueran integrantes de las antiguas FARC. Acciones leguleyas que son anuentes con el crimen y trae a la memoria el escandaloso caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, que estuvo conexo al abuso e impunidad de las instancias jurídicas. Protección de los derechos fundamentales que fue promulgado con ahínco por quienes hoy condenan y repudian que la Corte Constitucional diera vía a la segunda instancia, revisión de la condena dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema, a Andrés Felipe Arias.
Prejuicios condicionados por nombres de caudillos y que buscan equiparar los delitos imputados, ambos muy graves, pero que no tienen las mismas modalidades de conductas punibles; elementos de acción que condicionan los supuestos delitos dolosos, culposos o preterintencionales que determinan el tipo de pena en prisión intra o extramural. Complejo escenario en el que se avivan las diferencias ideológicas, del colectivo social, y encienden preocupaciones de la impunidad que caracteriza a la justicia colombiana en diferentes instancias y casos, Rafael Uribe Noguera, Aída Merlano, Iván Moreno Rojas, por solo mencionar algunos de los muchos que establecen serios imaginarios de la rama judicial como un enemigo interno de las resoluciones equitativas de las condenas.
Horizonte, plagado de detonantes, que se hace aún más complejo con la evasión de firmantes del Acuerdo de Paz –Luciano Marín Arango, ‘Iván Marquez’; Seuxis Pausias Hernandez, ‘Jesús Santrich’; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’; José Manuel Sierra Sabogal, ‘Aldinever Morantes’; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; y otros guerrilleros– que se inclinaron por volver al monte y en los últimos días anunciaron que desde un trabajo político–militar han recuperado presencia en gran parte del territorio nacional. Desestabilización de la seguridad pública conexa al asesinato de exguerrilleros y múltiples “líderes sociales”, que las disidencias de las FARC, desde su comodidad en Venezuela, ahora se preocupan por desligar de su accionar y acoplarlo a una complicidad del estado, las bandas criminales y el ejercito.
Biósfera que demuestra que el problema está en las semillas de la sociedad colombiana, germen que, sin importar color de partido o ideología, está invadido de inoperancia e ineptitud para llegar a la reconciliación. El rencor impide ver y aceptar acuerdos imperfectos que de una u otra forma se constituyen en un punto de quiebre al conflicto; jugada política, con grandes diferencias, que sentó en la mesa a paramilitares, que confesaron crímenes y hoy cumplen condenas, y guerrilleros, que hacen el quite a lo acordado y buscan evadir la ley.
Triangulación de realidades evidentes que atomiza la construcción del núcleo social, estigma de señalamientos y relación en el que los hijos heredan las culpas de los padres, venda en los ojos que no permitirá pasar la hoja y refundar el tejido comunitario de Colombia. La putrefacción política, la violencia, el conflicto y la polarización seguirá dejando un lucro cesante al país si, como sociedad, los colombianos no son capaces de repensarse y aprender de los acontecimientos del pasado. El aislamiento dejó en evidencia la necesidad de fortalecer vínculos y relaciones, entre todos, para hacer frente a la crisis económica que ahora aborda a Colombia.
La pildorita para la memoria permite recordar que solo quién conoce sus antecedentes puede aprender de los errores del pasado y refundar de manera correcta el camino a seguir. Este es el punto de la historia para concentrarse en lo crucial y no caer en el juego distractor de quienes quieren ahondar en las diferencias ideológicas y la confrontación armada. Colombia, lejos de la polarización y el descontento ciudadano, está llamada a bajar el tono y los ánimos, tomar acciones concretas para reconocerse y aceptar al otro desde sus diferencias; encontrar el espacio de cada uno al interior de la cultura nacional sin caer en el activismo y desviar la atención en temas secundarios.
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