El ruido es un enemigo poderoso en Medellín. En las noches de rumba comete todas las herejías posibles y de día le reza a todos los dioses en iglesias y cultos que imponen sus sermones y su frenesí de fe con altoparlantes a todo un barrio.

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Por eso es emblemático que unos vecinos del barrio Conquistadores, donde hace poco se presentó un fuerte incendio, le hayan ganado una batalla contra el ruido a una discoteca que casi les arruina la vida y amenazó con enviar a más de uno a un hospital mental.

El infierno para ellos comenzó el 13 de agosto de 2022. Ese día abrió sus puertas la discoteca Paradise, en la 33. En ese momento parecía un sitio de rumba más con el cual lidiar, acostumbrados a las molestias causadas por la vida nocturna de la avenida 33. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que esto era mucho peor.

La tortura llegó de inmediato. El ruido que salía de Paradise hacía temblar las paredes, puertas y ventanas, relata Diego Zapata, uno de los residentes afectados. Eran cuatro noches seguidas así, a partir del jueves, cinco si era festivo.

Solo una semana bastó para que las autoridades impusieran sellamiento a Paradise por tres días, pero por razones ajenas al ruido. Luego de la sanción, el suplicio volvió mucho peor, cuenta Diego.

Con el paso de las semanas el deterioro en la vida de los residentes se hizo innegable. Una vecina de Diego dejó en evidencia la dimensión de la amenaza que enfrentaban, pues estando al borde del colapso tuvo que comenzar terapias con psiquiatra. Diego reconoce que para entonces ya muchos lidiaban con problemas de salud mental que pusieron en jaque su estabilidad laboral, familiar y hasta económica pues varios propietarios, aunque querían marcharse, se negaban a venderle la propiedad a otras familias ocultando el problema, sabiendo el infierno al que iban a estar sometidos.

Cansados de soportar cada uno en sus casas el problema, decidieron ponerle un orden a lo que tenían que hacer para solucionar el asunto.

Lo primero fue reunirse con la junta de acción comunal para buscar una conciliación con los responsables de la discoteca, la cual fracasó, según Diego, porque rápidamente quedó claro que el único interés de los responsables del lugar era dilatar la solución con promesas de insonorizar el lugar y hacerle el quite a las medidas.

Agotado el recurso, el siguiente paso fue buscar apoyo profesional. Ahí apareció el abogado Lucas Quintero, un actor clave en esto, según cuenta Diego, porque la normativa tiene trampas y recovecos hechos para embolatar al ciudadano. “Hay que saber con exactitud cómo y a qué dependencia enviar los requerimientos, porque el Distrito juega con la normativa. La Secretaría de Salud te manda a la de Ambiente y esta a Seguridad y esta al Área Metropolitana y esta a Control Urbanístico, y así juegan con la urgencia de la ciudadanía”, señala el residente.

Así que lo que hizo Quintero fue empapelar al Distrito con derechos de petición y PQR solicitando las mediciones de ruido que les permitiera tener la prueba reina de que Paradise estaba atentando contra su bienestar.

No fue tarea fácil. Aun después de tener todo en regla para solicitar la medida, la Alcaldía se valió de varias argucias para dilatar el trámite. Hasta las lluvias, aseguraron, eran impedimento para adelantar la medición.

Finalmente lo hicieron. Instalaron los equipos entre la medianoche y la madrugada en la discoteca y en algunos apartamentos afectados. El resultado fue concluyente: el ruido de Paradise los estaba enfermando lentamente.

La medición arrojó 69 decibeles, muy por encima de lo permitido en zonas donde operan bares, tabernas y discotecas y cuyos niveles se aproximaron más a los decibeles establecidos para zonas industriales, portuarias y zonas francas. Mejor dicho, no estaban enfermos de gratis.

Las mediciones las empezaron a solicitar en septiembre de 2022, apenas en diciembre les entregaron los resultados que sirvieron como insumo para que la inspección de Belén abriera el expediente como parte de un trámite llamado Proceso Verbal Abreviado, un nombre cínico, a juicio de Diego, si se tiene en cuenta que incluso con los resultados en mano desde diciembre las autoridades nunca aplicaron el principio de precaución a pesar de saber los graves daños que estaba provocando el lugar.

El pasado 10 de mayo llegó por fin el desenlace. A la audiencia fijada por el inspector de Belén para dirimir el asunto no llegó el representante legal de la discoteca. Las autoridades impusieron un sellamiento de diez días, pero esta vez fue para siempre. Los responsables de Paradise decidieron cerrar e irse.dis

Cabe destacar que no es la única ciudad en el país que se sufre este problema, por ejemplo en Bogotá también es muy común.

Tuvieron que pasar nueve meses y 13 días; dos sellamientos, un cierre de la Secretaría de Salud, un expediente en la inspección de Belén; una tutela por vulneración al derecho a la salud; cientos de derechos de petición, PQR, llamadas al 123, cartas, reuniones; citas con psiquiatras, psicólogos, abogados, agentes inmobiliarios y funcionarios. Incluso hasta comisiones en el Concejo citadas por Daniel Duque y Claudia Ramírez, dos concejales que escucharon a esta comunidad y llevaron al Concejo la crisis del ruido que la ciudad –y muchas figuras poderosas– parecen querer acallar. Pero a pesar de todo, esta vez pudo más la movilización ciudadana.

Diego dice que aunque ahora pueden dormir un poco más tranquilos todavía tienen muchas amenazas alrededor. De hecho toda la franja de la 33, desde Santa Gema hasta Conquistadores, es uno de los sectores más críticos.

Pero hay otro asunto todavía más grave que resaltan Lucas y Diego y es la invasión, en todo el sentido de la palabra, que está imponiendo el ruido en cientos de sectores de la ciudad sin contemplación alguna.

Uno de los agravantes de la existencia de Paradise es que estaba a menos de 100 metros de la Clínica Sameín, que atiende a pacientes con problemas de salud mental. Esto, a pesar de que expresamente la normativa del POT prohibe que sitios de rumba, entretenimiento y juegos de azar estén a menos de 100 metros de establecimientos de equipamiento en salud.

No solo fue allí. En Manrique La 45 nuevas discotecas se abren cada mes a pocos metros de casas de cuidado de adultos mayores.

Lo que explica Quintero es que la Alcaldía, en un acto abiertamente negligente y premeditado, permite a los comerciantes y empresarios montar sus bares y discotecas amparados en la mixtura de varias zonas, de acuerdo con el POT. Pero convenientemente omiten la normativa que ese mismo POT determina para priorizar el derecho de los establecimientos de salud y cuidado y también de los residentes.

Ambos concluyen que la ciudadanía no puede esperar las soluciones del distrito porque la prioridad de este alcalde y sus antecesores ha sido vender la ciudad como un lugar de diversión al turista, en detrimento del bienestar del ciudadano.

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Ante esto, el consejo es claro: hay que juntarse entre vecinos, buscar ayuda legal, que pueden encontrar, por ejemplo, en las clínicas jurídicas de la Universidad de Medellín y Universidad de Antioquia. Empapelar al Distrito, tener paciencia, no claudicar para hacer valer el derecho al silencio y frenar los estragos del ruido cuyos impactos son cada vez más palpables y se asocian a enfermedades mentales, diabetes, hipertensión y otras patologías graves.

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