Esto porque según el órgano de control, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Hidroituango S.A, y otras autoridades relacionadas con el proyecto no han entregado información confiable ni veraz sobre la crisis y han vulnerado derechos como el del goce de un ambiente sano y el de la salud y la salubridad pública, informaron El Espectador y Caracol Radio.
“Aquí puede haber mucho voluntarismo, muchas buenas intenciones, muchos compromisos en abstracto. Este país está lleno de listados de incumplimientos con las organizaciones sociales en los últimos 20 años. Una acción popular le pone orden a eso”, había dicho en días pasados el procurador, Fernando Carrillo.
Según el diario, son tres los puntos por los que el Ministerio Público señala a estas empresas:
– Que la información sobre las contingencias no fue entregada de manera completa y oportuna a las entidades reguladoras.
– La falta de control de esas mismas emergencias y que hoy tienen todavía en riesgo a las poblaciones ribereñas.
– Una cláusula de 2015 en la que se acordó acelerar las obras con el fin de obtener beneficios económicos pactados con el Gobierno Nacional hasta 2018 por el cumplimiento de plazos, y en la que no se tuvo en cuenta que el revestimiento de concreto en el interior del túnel no resistía la velocidad del flujo del río Cauca.
La acción popular contó con el apoyo de los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba, y Bolívar, y con la que se busca implementar por la vía judicial acciones de prevención en temas de protección de derechos de los afectados por toda esta crisis ambiental que se ha presentado, dijo Carrillo hace unos días.
EPM por su parte, asegura la emisora, señaló que no ha sido notificado formalmente de esta acción popular por tener la principal responsabilidad de Hidroituango y no se pronunciarán hasta que eso ocurra.
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