Este viernes, 24 de enero de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el decreto de estado de conmoción interior en la zona del Catatumbo, en Cúcuta, Norte de Santander, y en dos municipios del departamento del Cesar. La decisión se tomó por la situación que se vive en el Catatumbo, por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc, la cual ha dejado ya más de 40.000 personas desplazadas.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el documento del Gobierno nacional y dijo que se necesitó tomar esta medida “porque hay una particular perturbación del orden público, que genera unos efectos que la misma Constitución prevé conjurar a través de mecanismos especiales como es la conmoción interior. Es decir, cuando nosotros tenemos una grave perturbación de orden público, que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no puede ser conjurada mediante procesos ordinarios, se ha exacerba el tema particular de la violencia en cada uno de estos elementos y eso significa tener facultades extraordinarias por la excesiva necesidad de conjurar esta perturbación”.




En cuanto a qué tipo de facultades especiales adquiere el presidente de la República con el estado de conmoción interior, la ministra explicó que, “entre esas facultades, tiene posibilidad de decretar medidas para conjurar cada una de esas acciones para retornar lo que significa también la estabilidad institucional, para el tema de acciones civiles y para el tema de declaratoria de elementos económicos que puedan, de una manera rápida, atender todas las necesidades que hay”.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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