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Martha Mosquera tenía 65 años cuando escuchó el estallido de las bombas y sintió la tierra temblar. Eran las diez de la mañana del 16 de enero de 2002. Ese día, la población de El Tapón, corregimiento de Tadó, quedó atrapada en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla de las Farc. A plena luz del día volaron bombas y llovieron disparos en el pueblo. Martha Mosquera agarró lo que pudo y salió huyendo junto a otras 200 familias que cruzaron los ríos Tadocito y San Juan para resguardar sus vidas.
“Abandonamos todas nuestras cosas. Yo tenía gallinas y todo quedó tirado. Todo se me perdió, hasta la vivienda”, dice Nury del Carmen Bermúdez, una mujer de 66 años que vivió la toma guerrillera.
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Nadie supo ese día cuánta gente murió en El Tapón. Después de los enfrentamientos, la guerrilla pasó por el caserío recogiendo los cuerpos y se los llevó en camiones. Solo quedó el rastro de sangre que dejaron a su paso los vehículos en la vía que conduce hacia el departamento de Risaralda.
Desde entonces han pasado más de dos décadas. Ahora, Martha Mosquera tiene 86 años. Los huesos le duelen y casi no tiene fuerzas para mantenerse en pie. Sentada en una silla de ruedas, sigue reclamando su reparación como víctima del conflicto armado. “Si me muero hoy nada me han dado. Quiero que me hagan el favor, con Dios por delante, que me den mi indemnización”, dice.
Al igual que Martha Mosquera, varios taponeños que se desplazaron debido a los hechos violentos ocurridos ese día no han recibido una reparación del Estado. Muchos exigen lo que, según ellos, les corresponde. “Mi marido ha ido muchas veces, ha bajado hasta Tadó para buscar en la Unidad (de Víctimas) y hablar con el personero y le dicen siempre que está en espera pero nunca llega nada. Yo he ido a la Casa de la Justicia, a la Alcaldía y allá no hay apoyo de nadie”, afirma Nury del Carmen Bermúdez, una mujer de 66 años que vivió la toma guerrillera.
La indemnización económica por vía administrativa es una de las medidas previstas por la Ley 1448 de 2011 para reparar a las víctimas por los daños sufridos en medio del conflicto. De acuerdo con Sandra Alfaro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas Urabá-Darién, se trata de “un derecho y en la medida en que se garanticen los derechos se puede transformar las vidas de las víctimas para que esas violencias no queden sin respuestas por parte del Estado”.
Pero el Estado no ha cumplido su obligación ni con Martha Mosquera ni con otros miles de habitantes de Tadó. En el municipio, el 86 por ciento de las víctimas no ha recibido una indemnización. De las 8.798 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y de las 7.686 que son sujetos de atención, solo 1.058 han sido indemnizadas, según datos oficiales. En total, estas personas han recibido 1.084 giros equivalentes a 9.674 millones de pesos.
Yuli Murillo, una madre comunitaria de 57 años, culpa a los funcionarios de esta entidad en el municipio por la falta de claridad en los procesos administrativos necesarios y el atraso para obtener una indemnización. “Yo he llevado los papeles y me dijeron que estaba todo listo pero mentira, esos papeles estaban malos, no me explicaron bien y uno se atrasa. Me gustaría que lo orienten a uno. Uno pierde tiempo y así nunca le va a llegar esa indemnización”, dice resignada.
La demora en las indemnizaciones
De acuerdo con el personero municipal de Tadó, Yirson Ledezma, las víctimas no han podido ser indemnizadas por “situaciones administrativas y falta de presupuesto de la Unidad para las Víctimas”.
“No hemos podido atender oportunamente las víctimas del conflicto armado debido a que la política pública no cuenta con suficiente financiamiento y no se ven reflejadas las palabras verdad, justicia y no repetición. Esto solo quedó en el papel. Los proyectos de vida para los retornados no se ven reflejados, tampoco las reparaciones individuales ni colectivas”, dice Ledezma.
De acuerdo con esta entidad, los montos y el tiempo de espera para recibir la indemnización depende de tres factores: las condiciones particulares de cada víctima, el análisis del caso particular y la disponibilidad del presupuesto anual con la que cuente la Unidad; teniendo en cuenta los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011.
Por eso existen distintas rutas de atención. Una ruta priorizada para las personas mayores de 68 años, en condición de discapacidad o en extrema vulnerabilidad; una ruta general para todas las personas que no hayan iniciado su solicitud de indemnización o no cumplan con los criterios de priorización; y una transitoria para quienes hayan adelantado el proceso de documentación antes del 6 de junio del 2018.
Los montos de las indemnizaciones van desde 10 hasta 40 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, desde 13 hasta 52 millones de pesos, dependiendo del hecho victimizante: desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, lesiones personales que causaron incapacidad temporal o permanente, delitos contra la integridad sexual y reclutamiento forzado.
Sin embargo, “no hay un tiempo estimado que se pueda garantizar” para entregar indemnizaciones, advierte la directora territorial de la Unidad para las Víctimas Urabá Darién. “Los tiempos dependen de las prioridades y los techos presupuestales que tenga el gobierno”, explica.
La falta de recursos para indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado ha sido un asunto que hasta el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido. Durante una plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia realizada el 11 de abril de 2023, Petro dijo que bajo las condiciones actuales, el Estado tardaría 125 años en reparar a las víctimas del conflicto armado.
“Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos. El presupuesto de este año para esa entidad es de 2.5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años”, dijo el mandatario.
La resignación
Para Yuli Murillo, esta reparación económica es necesaria para poder seguir adelante. Pero Fernando Perea, de 64 años, teme que ni Murillo ni otras víctimas alcancen a recibir su indemnización antes de morir y terminen sus días sin obtener la justicia que anhelan. Según él, hay “varios casos” de personas, especialmente adultos mayores, que murieron sin recibir su indemnización.
“Todos somos mortales, somos iguales y necesitamos la indemnización para tener ayuda y sobrevivir”, dice Perea.
Aunque existen otras medidas de reparación como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, el resarcimiento monetario es indispensable para ellas. Así lo afirma Laura Rivera, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Giessen, Alemania: “la indemnización no es menor, es fundamental”.
“Tenemos un universo de víctimas en zonas rurales que quedaron totalmente empobrecidas y desamparadas. Pedirle a una víctima que solo se centre en la reparación simbólica es también una injusticia”.
Laura Rivera, docente e investigadora de la Universidad de Giessen
Esto tiene que ver con el desplazamiento y el desarraigo que sufren como producto de la violencia. “Tenemos un universo de víctimas en zonas rurales que quedaron totalmente empobrecidas y desamparadas, sin alguien que lleve un sustento al hogar. Hay un círculo de reproducción de desigualdades que con el tiempo puede ser otra causa de violencia. Pedirle a una víctima que solo se centre en la reparación simbólica es también una injusticia”, explica Rivera.
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