Jaime Peña falleció en junio de 2021. Murió sin encontrar a su hijo Yesid Peña, víctima de desaparición forzada de la masacre de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. Aquel día, hace exactamente 25 años, alrededor de 50 hombres, quienes usaban prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y portaban armas de fuego, ingresaron al municipio, detuvieron arbitrariamente a 32 personas en distintos puntos de la ciudad; dejaron a su paso a siete personas asesinadas y a 25 desaparecidas.

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Todavía, después de tantos años, los familiares de esos 32 barranqueños dedican su vida a la exigencia de justicia, verdad y reparación tras una incursión armada en el municipio por grupos paramilitares con el apoyo y connivencia de agentes estatales. La última vez que hubo buenas noticias para estas familias fue en 2022. En ese momento, la entrega digna de los restos del señor José Milton Cañas. Con él, ya suman un total de 11 de víctimas identificadas.

Como organizaciones representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), presentaron un comunicado donde subrayar el importante rol que han desempeñado las víctimas organizadas en el “Colectivo 16 de mayo” en la exigencia de justicia, verdad y dignificación de la memoria de las víctimas, a pesar de hostigamientos y amenazas sufridas durante su lucha, explican en el documento.

A pesar del avance para reparar los derechos de las víctimas y en los procesos de búsqueda de las personas que continúan desaparecidas; las organizaciones afirman que “la deuda estatal de verdad y la justicia es alta, ya que no todos los responsables han sido sancionados y persiste la pregunta por la ubicación de las personas desaparecidas”. Por lo tanto, añaden en el comunicado que “este 16 de mayo no solo se cumplen 25 de años de una masacre, se cumplen 25 años de memoria continua para las víctimas que no han vuelto, pero que tampoco se han ido de nuestra memoria”.

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En 2021, la CIDH emitió el informe en el que estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano y realizó diferentes recomendaciones para la reparación integral a las víctimas y su atención en salud integral. Asimismo, reiteró la responsabilidad de Colombia para la búsqueda de las personas desaparecidas y la continuidad de las labores de investigación, juzgamiento y sanción de las y los responsables de los hechos. Además, insistió en la implementación de garantías de no repetición de hechos.

Según investigaciones de El Colombiano y Vanguardia, parte de la documentación que soportaba el traslado de los cuerpos se habría quemado en un incendio que sufrió la Alcaldía de Bucaramanga en 2002. Con el agravante de que en ese mismo cementerio, según versiones que han llegado a las autoridades, podría haber más desaparecidos del conflicto.

Estos hechos son estudiados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que continúa en la búsqueda de los desaparecidos restantes de la masacre. “Hoy se cumple un año más de lucha y de resistencia contra el olvido”, se lee en el comunicado.

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