Este martes 9 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, presidirá un acto de reconocimiento y reconciliación entre el exjefe del Bloque Catatumbo de las AUC, Salvatore Mancuso, y las víctimas de desaparición forzada en el corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario, municipio fronterizo con Venezuela.

(Vea también: Imputan a Mancuso por más de 5.200 hechos violentos durante su carrera criminal)

Se trata de un acto de responsabilidad extrajudicial titulado Por la paz, la vida y la memoria ¡Nunca más! y se realizará en el lugar donde funcionó por varios años un horno crematorio utilizado por los paramilitares para desaparecer a más de medio millar de víctimas de su accionar en el departamento de Norte de Santander.

Allí se harán presentes varias familias que durante décadas han buscado sin cesar a sus seres queridos y que escucharán al exjefe del Bloque Catatumbo quien se conectará vía streaming desde una cárcel de Estados Unidos donde espera la definición de su situación jurídica tras la solicitud del gobierno de Colombia para ser extraditado al país para responder por miles de crímenes que cometió como comandante de las AUC.

Este es el primer acto de este tipo que realiza la cancillería desde la oficina de Asuntos de Paz y No Repetición que dirige Helena Urán Bidegain y que prepara acciones de carácter restaurativo en la frontera, así como con las víctimas en el exterior, con la idea de reconocer su dolor e impulsar que la justicia transicional llegue a todos los colombianos, incluso los que viven fuera del país.

Este acto extrajudicial de reconocimiento con Salvatore Mancuso, dice la Cancillería, se adelanta en cumplimiento de las recomendaciones para la No Repetición del informe de la Comisión de la Verdad, y se da un día antes de se lleve a cabo la Audiencia Única de Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Centro de Convenciones de Montería, durante los días 10, 11, 15 y 16 de mayo.

Esta será la última oportunidad que tiene Mancuso para probar que tuvo un rol de “bisagra” o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto y así aspirar a que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le conceda su entrada a la JEP.

Al acto fueron invitados miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, representantes del Sistema de las Naciones Unidas, magistrados de la JEP, autoridades locales, representantes de las víctimas y organizaciones sociales.

La aberrante práctica de utilizar hornos para desaparecer a sus víctimas fue implantada a finales del año 2000 por el Frente Frontera de las AUC, dirigido por Jorge Iván Laverde, conocido como el Iguano. En septiembre del 2000, los paramilitares ingresaron al corregimiento de Juan Frío, donde asesinaron a seis de sus habitantes para instalar los hornos crematorios en los que desaparecían a sus víctimas.

En un evento Hablemos de Verdad de Colombia+20, en 2019, Laverde reconoció que la desaparición forzada de más de 500 personas era uno de los temas más difíciles de afrontar, teniendo en cuenta que no había respuestas para los familiares.

Laverde es el máximo responsable de la utilización de hornos crematorios para desaparecer a las personas acusadas de colaborar o pertenecer a las guerrillas que estaban en la zona.

En el encuentro también contó cómo se tomó la decisión de utilizar los hornos para la desaparición: “Se retenían personas, se ejecutaban y se enterraban en fosas comunes. En alguna ocasión miembros de la Fiscalía nos manifestaron que venía una comisión a desenterrarlos y que sería un escándalo. Ahí tomamos la decisión de incinerarlos en hornos para hacer ladrillos que ya existían”. Laverde aclaró que no es cierto que en los hornos se hayan quemado personas vivas y que aún hay mitos de la guerra que, espera, se esclarezcan con más encuentros de verdad.

Leyva ya había prestado sus buenos oficios para que la Comisión de la Verdad recibiera el testimonio de Mancuso para hablar hablar de la utilización de hornos crematorios como arma para desaparecer a sus víctimas. En ese momento, febrero de 2021, la noticia se conoció a través de la cuenta del hoy canciller, quien también había gestionado en julio de 2020 una conversación teléfonica del exjefe paramilitar con el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, sobre su participación en la JEP.

Ante la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia Molina, Mancuso ya había entregado su versión sobre estos hechos, asegurando que utilizaban los hornos crematorios para evitar presiones de “estamentos del poder”.

(Lea también: Mancuso dice que figura de gestores de paz es una trampa y critica al comisionado de paz)

“El comandante Carlos Castaño (máximo líder de las AUC) siempre fue muy difuso con ello, él decía que había unas personas que representaban los diferentes estamentos de poder y que esas personas eran las que le presionaban a él. Eran presiones que las Fuerzas Militares estaban haciendo. Nosotros no podemos seguir dejando todos los cuerpos tirados en cualquier parte porque eso aumenta la estadística de muertos y la estadística de desaparecidos. Es diferente porque no se los cuentan a las fuerzas militares como homicidios dentro del área de ellos, entonces se le aumenta esa estadística y los presionaban”, dijo Mancuso en versión libre registrada el 25 de febrero de 2009.

La entrada de los paramilitares a Norte de Santander se dio bajo las órdenes de Mancuso y Carlos Castaño quienes querian expulsar a las guerrillas del Catatumbo. Cabe recordar que entre 1999 y 2002, se presentaron más de 60.000 desplazados, cerca de 300 víctimas de minas antipersona y, solo en el Catatumbo, se registraron 877 homicidios en un año (2002). Las cifras en los años siguientes bajaron, en parte, por la consolidación de los paramilitares y su posterior desmovilización.