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Después de 18 años, la Alcaldía de Medellín cambió al contratista que ejecutaba el programa de atención a habitantes de calle con discapacidad física y/o enfermedad mental de la ciudad que atiende a 286 personas.
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Ese es uno de los programas sociales más complejos de la administración porque implica el cuidado de cientos de personas que no cuentan con ninguna red de apoyo y que sufren de enfermedades cognitivas severas.
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Hasta el pasado 30 de marzo fue la Corporación Ecosesa la que prestó el servicio en una finca en Girardota —pues las personas del programa deben estar internadas— que año a año venía adecuando de acuerdo a las necesidades y a los aprendizajes del trabajo.
“Son personas que orinan en las paredes, que ven un televisor y en cualquier momento lo rompen, que arrancan los árboles de la tierra”, cuenta una de las antiguas cuidadoras del programa.
A pesar de que con la dificultad del programa cumplían con los requisitos exigidos, para este año la alcaldía los cambió y contrató por $ 5.948 millones de pesos y seis meses a una empresa llamada Creimed que, de acuerdo con la información de su sitio web, es una institución prestadora de salud que “transforma la salud y el bienestar de las personas a través de un entorno humano, digno y sostenible”.
El programa lo operan a través de una de sus líneas de negocios llamada Mente Plena que, de nuevo, según lo que dice en su sitio web, consiste en una serie de servicios de consulta en psicología, neuropsicología, psiquiatría, terapia de familia y toxicología.
En el sector público, Creimed había prestados servicios de atención e internación en salud mental de algunas entidades públicas, como el cuerpo de Policía de Urabá, e incluso con la Alcaldía de Medellín ha contratado recientemente para atender programas de adicciones y de salud mental en los cuales los beneficiarios son los funcionarios de la administración de la ciudad. Nada de la magnitud del programa que tiene ahora en sus manos.
Cuidadoras y enfermeras que llevaban años trabajando con los habitantes de calle cuentan que apenas una pequeña parte de ellos fueron recontratados por el nuevo operador y que a esos pocos los han ido despidiendo a cuentagotas, de manera que entre quienes están prestando el servicio actualmente ya no queda prácticamente nadie que tuviera la experiencia en el manejo de una población tan complicada. Por ejemplo, solo durante el mes de mayo salieron 12 de las 44 cuidadoras, y 2 de las 5 jefes de enfermería.
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Pero más allá del cambio del contratista y del personal, antiguos cuidadores e incluso los pocos acudientes que hay de los beneficiarios del programa han prendido las alarmas porque, según dicen, buena parte de ellos ha regresado a las calles, otros han sido abusados e incluso maltratados al interior de las nuevas instalaciones ubicadas en Las Palmas y en San Cristóbal, y otros, después de regresar a las calles, han muerto. También hay quejas por la alimentación, el vestuario y las condiciones de higiene de los nuevos lugares donde estas personas están internadas.
La Alcaldía asegura que no ha recibido quejas de ninguna índole sobre la prestación del servicio. Además, afirmó que como los beneficiarios no están privados de la libertad, estos no se escapan, sino que se “evaden” por el deseo de consumir sustancias psicoactivas.
Aseguró que en la Secretaría de Inclusión Social llevan registro de “todas las situaciones” que ocurren en Mente Plena y que solo tienen conocimiento de un caso en mayo pasado de una beneficiaria que murió por muerte natural después de evadirse dos veces del centro de atención.
Sobre el cambio de contratista, aseguran que fue la misma Ecosesa la que a través de un oficio manifestó este año la intención de no seguir operando el programa y que Creimed tiene todos los pergaminos para hacerlo.
Entre abril y mayo, 33 ciudadanos se evadieron de las instalaciones de Mente Plena. En junio fue solo una persona, según el más reciente informe de supervisión del contrato.
El caso de la persona fallecida es Yaneth Rojas Hincapié, quien se evadió del lugar el 26 de mayo y falleció el 28 del mismo mes. Cuatro días más tarde, el primero de junio, desde Medicina Legal enviaron un comunicado para encontrar a los acudientes de Rojas, de 51 años, pues nadie había ido a reclamar su cuerpo. En el informe de supervisión del contrato durante el mes de mayo no hay registro de que Mente Plana supiera del paradero de Rojas ni de que le hubiera avisado a la secretaría de Inclusión Social, como esta asegura que “recibe toda la información”.
Solo el 6 de junio, 8 días después de la muerte, desde Mente Plena le informaron a la Secretaría de Inclusión que la familia de Rojas ya había ido a Medicina Legal a reclamar el cuerpo.
Otros antiguos beneficiarios que habrían fallecido o evadido según testimonios de acudientes y cuidadores son: María Benilda Gil, Francisco Javier Sánchez, Liliana Zapata, Germán Sánchez, Carlos Alberto Múnera, José Fredy Martínez, Cindy Johana Builes y Eduard Alonso Jaramillo.
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En el mismo sentido de la Alcaldía, se defiende el gerente de Mente Plena, el psiquiatra Andrés Mauricio Rangel, quien asegura que el programa opera en un contexto de atención a población vulnerable donde se presta un servicio voluntario en el que cualquier ciudadano, pese a su condición física y mental, puede entrar y salir cuando considere.
El médico reconoce que durante los primeros meses tuvieron algunos inconvenientes con el vestuario y algunas adecuaciones de los hogares que, según dice, han ido subsanando.
Sobre las quejas en la calidad del servicio de alimentación, aseo y trato en general, dice que han tenido acompañamiento permanente de la Alcaldía y que esta no ha evidenciado tales situaciones. Aunque advierte que “seguramente hay cosas por mejorar”.
No obstante, esa versión no concuerda con la de diversas fuentes consultadas, de las cuales algunas prefirieron el anonimato para no sufrir represalias en sus labores.
Por ejemplo, Gloria Sierra, la representante legal de Ecosesa, dice que la razón por la cual lo hizo fue porque con el dinero que le ofrecían no era suficiente para prestar un servicio en condiciones de calidad.
Según ella, solo le hizo tres peticiones a la Secretaría de Inclusión Social: un aumento en el canon de arrendamiento, pues llevaba cuatro años recibiendo lo mismo; que a los trabajadores de servicios generales se les pagara también los domingos y festivos; y, por último, que no se redujera el salario para los cuidadores. Sin embargo, asegura que desde la administración no hubo ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo.
Según Sierra, le pidió a la administración que le pagara $19.000.000 al mes por el arrendamiento y no aceptaron, mientras que a Mente Plena se le está pagando $36.000.000 por ese mismo rubro.
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El último contrato que tuvo Ecosesa con la alcaldía de Medellín fue desde el primero de febrero del 2023 hasta el 31 de marzo del 2024 (14 meses) por $9.696 millones, es decir, $692 millones mensuales. En ese momento el programa atendía a 270 personas, así que cada una le costaba al municipio cada mes $2,5 millones.
Para este año, el contrato con Creimed fue de $5.948 millones por seis meses (del primero de abril al 20 de septiembre). Es decir, $991 millones mensuales. Los beneficiarios son 286, así que para cada uno la alcaldía destinó $3,4 millones, un aumento del 36% por beneficiario.
Una persona que trabajó en el programa con Mente Plena dice que en San Cristóbal las habitaciones están equipadas con camarotes y que a buena parte de estas personas se les dificulta movilizarse y acceder a ellos. Dice que en una misma habitación duermen las personas con los cuadros más críticos y aquellas con menos dificultades, lo que ha terminado en peleas graves. Según cuenta, las personas duraban días con la misma ropa ensangrentada, sucia, orinada y defecada porque la empresa no cuenta con servicio propio de lavandería.
“Los ciudadanos caminan descalzos por qué ni zapatos ni chanclas les dieron, los colchones eran húmedos de orines ya que no tenían protector de plástico para fluidos, no había sábanas para cambiar una cama mojada o sucia”, agrega. Asegura que el espacio del comedor es un coliseo con un techo que tiene goteras.
“La comida que se les brinda es fría, desagradable: los almuerzos son con una sopa que ni parece sopa por tanta agua que se le echa. El arroz es duro y hasta crudo, poca cantidad en la porción al servirla y un jugo que ni sabe a fruta ni tiene azúcar”, dice el extrabajador de Mente Plena.
Sobre la sede de Las Palmas, dice que los beneficiarios se quejan constantemente por el frío. “En la noche solo tienen una cobija nada más y eso que son delgadas. Ni siquiera hay agua caliente”, dice el testigo.
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Por su parte, la secretaria de Inclusión Social, Sandra Milena Sánchez, rechaza tajantemente esas afirmaciones y asegura que ella y su equipo han realizado varias visitas sorpresa a estos lugares para verificar las condiciones de los beneficiarios y que hasta ahora no han encontrado nada que les llame la atención, y que, por el contrario, los ven “bien y tranquilos”.
Dice que con Mente Plena tienen un nuevo modelo de atención y que es normal que con los cambios haya algunas dificultades. Sin embargo, no considera que haya alguna alerta y que más bien estas han sido prendidas con fines políticos.
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Una defensa que no parece acorde a los informes de supervisión del contrato. Por ejemplo, en el de mayo queda claro que al inicio del contrato Mente Plena pidió un plazo de 45 días para hacer las adecuaciones físicas de las sedes, que al término de los 60 días solo iban en un 20%. Además, en ninguno de los tres reportes que van hasta ahora hay registro de entrega del kit de dotación de vestuario para los beneficiarios. Sobre el servicio de alimentación, dice la alcaldía en su informe de mayo que: “El contratista hace una evaluación cualitativa de aceptación y rechazo de alimentos sin análisis o conclusiones, se debe no solo reportar, sino complementar con evidencia, se solicitan para el mes de junio”. Pero en el informe de junio dice que la supervisión quedó para julio.
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