La presentación, subida al portal La línea del medio, muestra “los principales hallazgos” que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentará en su informe ante el consejo de Derechos Humanos de ese organismo, aclaró Gil.
En sus observaciones sobre el documento, la analista llamó la atención sobre la citada cifra de masacres que, según ese informe, se registró el año pasado dejando “[…] 125 víctimas; el número más alto desde 2014”.
La presentación refiere también “[…] 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida con responsabilidad del ejército (11), la policía (3) y operaciones conjuntas (1), en hechos ocurridos en Antioquia, Arauca, Bogotá, Guaviare, Cauca, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca. Esta cifra es la más alta respecto de los casos registrados por la ACNUDH en los últimos tres años”.
El mencionado informe de la ONU, documenta que “[…] Al 19 de diciembre de 2019, la ACNUDH observó 103 casos de homicidios de personas defensoras de DDHH, de los cuales de los cuales 13 eran mujeres y 2 integrantes de población LGBTI. A la misma fecha hay 10 casos más en procesos de verificación”.
“El mayor número de víctimas se siguió caracterizando por pertenecer a Juntas de Acción Comunal y a comunidades indígenas y por participar en asuntos comunitarios”, observó Laura Gil respecto al citado borrador.
Así mismo, la periodista recordó el reporte que en octubre del año pasado el Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, entregó respecto a una presunta reducción del 47% en los homicidios de líderes sociales en Colombia, aspecto frente al cual ella indicó:
“[…] los números han quedado desfasados ante los casos registrados en lo que va de 2020: 15 líderes asesinados en Cesar, Cauca, Chocó, Huila y Putumayo”.
Dicho cuestionamiento evoca también las cifras informadas por el presidente Iván Duque en su alocución del pasado 31 de diciembre, donde aseguró, entre otros, que en el 2019 “se registró una de las menores tasas de homicidios en muchos años, se redujeron en 25% los asesinatos de líderes sociales y en 94% del país no hubo crímenes contra estos compatriotas”.
La declaración de Duque contrasta, además, con los datos revelados un día antes de su alocución por el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que informó que entre enero y noviembre del año pasado la violencia dejó 10.468 homicidios, un 2,34 % más que en igual período del 2018 cuando fueron contabilizados 10.229.
Volviendo a los hallazgos reseñados en la presentación de la ACNUDH, Laura Gil se refirió a unas “instrucciones del Gobierno para hacer frente” a ese informe. Al respecto, mencionó a la directora encargada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería, Mirza Gnecco Plá, de quien dijo:
“Sorprende la actitud de confrontación a priori en tanto pide que “se recopile la información pertinente, no solamente en relación con normatividad, políticas, planes, investigaciones judiciales y medidas de protección, sino también con el fin de desvirtuar las aseveraciones, conceptos e indicadores enunciados por la Oficina [del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos]””.
Según Gil, la Cancillería “direccionó” la presentación de la ACNUDH a “varias autoridades estatales para recabar información”, en total, según ella, “a 23 entidades del Estado, varias de ellas por fuera del Gobierno como la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, cuya responsabilidad dista de consistir en poner la cara por el Gobierno ante los organismos de Naciones Unidas”.
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