El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció que el Gobierno Petro presentó un Presupuesto General de la Nación para 2024 que “rompería con la regla fiscal y está desfinanciado”. Según ella, aunque el Gobierno pretendía recaudar $15 billones a través de arbitramiento de litigios, eso no se ajusta a la realidad económica. “Está desfinanciado en $8 billones”.
“El Presupuesto del 2024 amenaza con desfinanciar los presupuestos siguientes de los próximos años, poniendo en peligro la sostenibilidad de las finanzas del país”, escribió a través de un comunicado de prensa. De hecho, aseguró que la pretensión financiera no se ajusta a la realidad económica.
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“Colombia ya ha tenido descalabros en su calificación financiera y de inversión como país seguro y responsable con el manejo de su deuda”, dice en el documento. El debate económico por el presupuesto no es nuevo. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, denunció que varios ministerios no han ejecutado los dineros que tienen asignadas sus carteras para este año.
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La oposición citó a debate de control político el pasado 8 de agosto a los ministros de Hacienda (Ricardo Bonilla), Trabajo (Gloria Inés Ramírez), Transporte (William Camargo) y Deporte (Astrid Rodríguez), para reclamarles que hasta junio de 2023 apenas habían ejecutado el 27 % del dinero que les asignaron para todo el año. Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda, defendió la gestión del Gobierno y dijo que eso, en parte, era por desaceleración económica que vive en el mundo.
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Uno de los casos más graves que se expusieron en el debate fue el del ministerio del Deporte, que hasta mitad de año apenas había utilizado el 12,8 % del dinero que tienen asignado. Lo que también está en juego es el Presupuesto General de la Nación para el 2024, que ya comenzó a estudiarse en el Congreso y que, tentativamente, podría ser de $ 502,6 billones; pero depende, en gran parte, de que los ministerios cumplan con la ejecución del dinero que se les dio para este año ($ 405,6 billones).
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