Pulzo consultó con los abogados Francisco Bernate e Iván Cancino, quienes se mostraron solidarios con Morales, quien renunció este martes ante las críticas que ha recibido desde la audiencia de legalización de captura del presunto feminicida.

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Para Bernate, el hecho de necesitar una intérprete para una diligencia judicial como esta en Colombia es una situación “excepcional y por eso mismo no existen traductores especializados”. Por eso, “lo que se hace es acudir a un traductor oficial” que “está presentando un servicio, obviamente remunerado”, pero es alguien que “por el día puede traducir un diploma, en la tarde puede traducir un contrato y después se ve abocada a una situación que requiere un conocimiento profesional, técnico, con un lenguaje difícil”.

“No se trata de caerle tampoco, acabar con el prestigio o el nombre de un traductor que está haciendo una labor que es bien difícil, porque traducir estos términos jurídicos es bien difícil”, subrayó Bernate.

Con Bernate coincidió el también penalista Iván Cancino, quien reiteró que en Colombia “delitos cometidos por extranjeros que hablen inglés no hay muchos, son excepcionales”, y apuntó a que el problema es que Morales “no conoce el lenguaje técnico”, algo en lo que insistió por ejemplo el abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel del Río.

Sin embargo, Cancino también apuntó a que a ella no se le proporcionaron algunas facilidades con las que sí cuenta en otros casos, como ella misma dijo en algún momento. Esto sería conocer con antelación por lo menos los escritos que prepara la Fiscalía antes de cada audiencia:

“La Fiscalía pidió una orden de captura, el señor se fue a Panamá, lo capturan, se demoraron varios días en traerlo a audiencia. ¿Por qué la Fiscalía no llamó a la traductora, le puso el texto de lo que iba a ser el objeto de imputación, le dijo prepare esto para leérselo al señor? Porque la Fiscalía siempre llega a audiencias a leer, no es que llegue a decir algo que se le ocurre en la cabeza al señor”, señaló.

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Bernate también aclaró si los problemas experimentados pueden abrir un debate de nulidad, lo cual cree probable, aunque esto no significa que efectivamente se anule, sino que se discutirá. En ese sentido rescató la manera en que el juez ha llevado el caso, buscando que el propio acusado confirme de viva voz que va siguiendo el hilo de lo que le traducen: “En materia jurídica existe un principio que es el de convalidación, y es que en medio de todo el mismo juez ha sido riguroso en validar, en constantemente cuestionar, en preguntar, en hacer un trabajo pausado”.

El penalista cree que las versiones que hablan de esa posibilidad se deben a que “en el fondo lo que hay es un inmenso temor de que esta persona pueda recuperar su libertad” y “una desconfianza en cómo actúa la justicia”, además de una sensación de que “todo es en favor de la delincuencia, y no es así. El juez está haciendo un buen trabajo, la traductora está haciendo lo que humanamente puede hacer y aquí se superó ese estándar. El señor sabe en qué está”.

“Hemos visto en aprietos a una traductora, se le ha criticado inclementemente sin ponerse en los zapatos de alguien que llega a traducir algo que no sabe y que hace lo que humanamente puede. No fue ideal, y seguramente uno hubiera podido verlo mejor, pero lo hizo bien, y está siendo fustigada por un servicio que está prestando”, añadió.

El abogado incluso dijo que “hay muchísimos antecedentes de que esto se hace así”. Por ejemplo, contó que “es frecuente que en el Aeropuerto El Dorado se capture a personas por tráfico de estupefacientes, y vienen de muchísimas latitudes con lenguajes muy complejos”, por lo que se vive “la misma situación que vemos acá, de un traductor teniendo dificultades para traducir al japonés, al mandarín, al ruso, a tantos idiomas tan complejos”. Sin embargo, “mientras quede claro que la persona entendió y que el traductor hizo un esfuerzo por traducir está superado el estándar de la garantía”.

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El letrado contó que ha observado cómo se sigue el caso en redes sociales, y dijo que ve “situaciones ya un poco locas”, como “exigir una traducción simultánea: Eso es una especialidad súper complicada. Si eso fuera así, la audiencia tendría que solamente llevarse por dos horas, que es el tiempo que tienen ellos para hacer una traducción simultánea”.

“El punto medio es, no tanto como llegar a exigir una traducción simultánea voz a voz, porque entonces no habría audiencia posible, ni tan poquito que no haya traducción. Este límite donde el juez vaya validando que la persona va entendiendo es suficiente para superar el estándar. Va a haber debate; no es el mundo ideal, pero el proceso no se va a caer. Está superado el estándar”, confirmó.

“Creo que la audiencia de imputación cumplió los fines”, reitera Cancino, quien también valora que el ente acusador “actuó rápidamente, hizo una imputación muy concreta para que la imputación fuera un poco más fácil”, y cree que “aunque no fue cien por ciento perfecta, no creo que alcance para una nulidad”.

“La medida de aseguramiento tiene que ser muy tranquila, no importa lo que se demore, y brindar al señor de garantías. Brindar al señor de garantías no es proteger a un delincuente, él todavía tiene su presunción de inocencia. Es proteger a la sociedad, pero sobre todo darle garantías a la víctima de que más adelante, si él resulta condenado, no va a tener un argumento para salir libre, irse del país y no volver”, añadió.

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Los reconocidos penalistas también hablaron del cambio de abogado de John Poulos, después de que quien venía representándolo pusiera sobre la mesa su renuncia este martes. Todo porque el estadounidense ha asegurado que no se le han respetado sus derechos a la hora de elegir defensor. “El defensor público que asiste en el primer minuto de la audiencia lo manifiesta expresamente: es bilingüe y está en condiciones de asesorarlo. Con eso el Estado colombiano cumplió, tampoco es responsabilidad del Estado que esta persona pueda escoger a cualquier abogado que quiere y darle todo el tiempo”, opina Bernate.

“Ha tenido suficiente tiempo como para buscar a alguien, él o su familia y demás, con el que él se sienta conforme. Es parte de enredar un poco más la situación, que no es lo que corresponde, y esa desconfianza que puede haber entre los ciudadanos de un sistema judicial como el nuestro que, insisto, no es perfecto, pero es muy bueno”, agregó.

“La carga de contratar un abogado bilingüe es de él, no del Estado”, confirmó Cancino, aunque también reconoció que se puede plantear en adelante la necesidad de tener traductores especializados en lenguaje jurídico y que la defensoría pública tenga abogados bilingües:

“Me parecería importante tener uno que hable alemán, uno que hable chino, uno que hable francés, uno que hable inglés, pero per se no es causal de ninguna nulidad y ninguna irregularidad que de inmediato pueda afectar el debido proceso, porque el juez le ha dado todas las garantías. (…) No es una violación en este momento que afecte de fondo el proceso”, concluyó.

Así opinaron ambos penalistas: