El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El caso Meritage, como se le ha llamado al arbitraje internacional que enfrentó a Colombia con un grupo de inversionistas estadounidenses por un conflicto de extinción de dominio, sigue siendo tema en círculos en los que se habla sobre la inversión extranjera en el país.
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El caso lo resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y en el que salió ganando Colombia, pues no tendrá que pagar una suma de 300 millones de dólares a los empresarios que buscaban invertir en el megaproyecto de lujo Meritage, en Medellín, el cual estaría ubicado en unos lotes que en el pasado pertenecieron a estructuras del narcotráfico.
Los inversionistas, en representación del empresario Ángel Seda, señalaron ante ese Tribunal que fueron expropiados ilegalmente. En diálogo con este diario, Seda entregó algunos detalles sobre el laudo.
Aseguró que la “corrupción al interior de la Fiscalía”, en la que un grupo de fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio, pedían coimas por devolver bienes, afectó el desarrollo del proyecto. Además, dio algunas puntadas sobre lo que viene en el caso.
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Qué pasó con meritage en Medellín
El representante aseguró que dicha demanda comenzó en 2018 y por eso se comenzó con una batalla con el país, la cual estaban casi seguros que iban a ganar. Sin embargo, las entidades no hicieron las cosas fáciles en todo el camino.
“En ese momento, en la Fiscalía aceptaron que al interior hubo escenarios de corrupción, pues tenían pruebas y un organigrama criminal en el que Andrea Malagón (exdirectora de Extinción de Dominio) y Alejandra Ardila Polo (fiscal del caso Meritage) pedían dinero para devolver propiedades que estaban embargadas. Esa corrupción fue la que causó daño al proyecto y, por ende, dijeron que iba a ser una responsabilidad del Estado” explicó Seda.
Y agregó: “Nos reunimos con la fiscal Ana Catalina Noguera, quien dijo que el gobierno quería llegar a un acuerdo y que nos querían devolver el lote, pero respondimos que el daño ya estaba hecho. Nosotros teníamos cómo probar que en esas reuniones la Fiscalía aceptó que nosotros fuimos compradores de buena fe, y eso se lo entregamos al Tribunal como evidencia, pero no fue tenido en cuenta”.
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Esto, según Seda, puede tener grandes afectaciones en cuanto a inversión extranjera, ya que muchas personas no confían en los procesos en el país por las entidades que tienen miembros que piden dinero para completar operaciones.
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