La Fiscalía General anunció este lunes que imputará a la periodista Diana Díaz por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, asegurando que “habría incurrido en un tipo penal relacionado con la violación de la cláusula de confidencialidad suscrito como servidora del Estado”.

Con base en un audio de casi 14 minutos, grabado por Díaz el 6 de diciembre de 2018, la Flip denunció en enero de 2019 que el gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Juan Pablo Bieri, ordenó censurar el programa ‘Los puros criollos’ por las opiniones de su presentador, Santiago Rivas, sobre un proyecto de ley de modernización del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), impulsado por el Gobierno.

En el audio se escucha que Bieri ordenó retirar la emisión del programa y alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada del mismo, motivo por el cual renunció posteriormente a su cargo. Sin embargo, lo hizo asegurando que con la grabación, que calificó de “ilegal”, se le vulneró el derecho a la privacidad, razón por la cual denunció a Díaz ante la Fiscalía.

“Si se vuelve a hacer ‘Los puros criollos’, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay posibilidad”, se escuchó a Bieri decir en una reunión.

Flip acisa a Fiscalía de crear ambiente de autocensura

La Flip cuestionó la actuación de la Fiscalía General a través de una carta dirigida al fiscal general, Francisco Barbosa. Allí, la Fundación manifestó su preocupación frente “al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones” contra periodistas que hacen uso de su libertad de expresión para informar sobre asuntos de interés público.

Asimismo, la Flip advirtió que “es de extrema gravedad que en la investigación” contra Díaz “se valga de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados“, calificando el proceso penal como “un despropósito en sí mismo”.

“Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia”, subrayó la fundación.

La carta también contenía una queja porque “el 8 de octubre la Fiscalía requirió a la Flip informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones así como ‘los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de Diana Marcela Díaz’“.

Ante tal solicitud, la Flip manifestó que no existe un precedente donde “una institución del Estado” les solicitara “violar la reserva de la fuente y facilitar información” que les confían sus benefactores “de manera tan flagrante”, aunque la Fiscalía aclaró que la diligencia no se hizo “porque no hubo necesidad”.

Indignación y rechazo de medios y periodistas

Varios medios y periodistas también se manifestaron este lunes sobre lo sucedido. El Espectador le dedicó un enfático editorial al tema en el que califica como “vergonzoso” que Juan Pablo Bieri fuera contratado de nuevo por el presidente Iván Duque después del escándalo. “Ahora, en un ataque directo a la libertad de prensa con dejos de autoritarismo, la Fiscalía pretende llevar a juicio a la periodista que, sospecha, pudo haber dado a conocer la prueba de las malas prácticas del asesor presidencial. ¡El país al revés!”, reprocha ese diario. “Los violadores de la libertad de expresión terminan premiados y quienes prenden las alarmas son perseguidos por el ente investigador“.

“Todo lo relacionado con este caso va de vergüenza en vergüenza, tanto para el Gobierno de Iván Duque como para la Fiscalía de su escogido, Francisco Barbosa”, sentencia ese diario.

Los periodistas Yolanda Ruiz y Félix de Bedout coincidieron en condenar el caso como una “grave amenaza a la libertad de prensa y un mensaje de intimidación para funcionarios públicos que quieran denunciar corrupción en entidades del Estado”.

El propio Santiago Rivas se limitó a replicar varias de las reacciones en su cuenta de Twitter y en su programa Puntos Capitales trató de mantenerse al margen y optó por formularle preguntas al respecto a la abogada de la Universidad de Los Andes Ana Bejarano:

La Fundación Karisma y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, recordaron que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los denunciantes (whistleblowers) deberán estar protegidos frente a sanciones legales, administrativas o laborales“:

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