Según explicó el ente acusador en un comunicado, esta verificación en el río Cauca se hizo debido a que habitantes alertaron de afectaciones “a los recursos naturales y la cadena de producción”, encontrando que hay una “grave situación ocasionada por cuatro factores”.

Uno de esos factores es una mancha verde ocasionada por un buchón de agua, que no es otra cosa que una planta acuática que invade de manera acelerada el río y que, según la Fiscalía, crece debido a que en esas zonas “el agua se empoza o no corre con suficiente fluidez y reduce todos los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas”.

“El manto que genera la planta bloquea los rayos del sol y elimina los procesos básicos para que se desarrolle la vida dentro del agua”, dice la Fiscalía, y revela que está mancha cubrió en apenas dos meses “un corredor de cerca de 8.5 kilómetros del río”.

En toda esta zona, que está a unos 55 kilómetros de distancia de la presa de Hidroituango, el ente asegura que “disminuyó la calidad de vida acuática” y que hay tramos en donde se presenta “cero navegabilidad”.

La segunda evidencia que encontraron los investigadores es una planta de asfalto abandonada, en la vía entre Toledo y Puerto Valdivia (Antioquia), en la que hay residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos “indiscriminadamente”, provenientes de los trabajos de obra civil para la hidroeléctrica.

Esta planta de asfalto y sus residuos, dice la Fiscalía, son de las obras contratadas por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para ampliar y reparar las vías entre Ituango, Valle de Toledo, Toledo y Puerto Valdivia, deterioradas por el tránsito de maquinaria hacia el proyecto Hidroituango.

Por eso, la Fiscalía pide que se cierre esa planta de forma urgente y que se recolecten los residuos. Además, que se retire “de manera urgente e inmediata” el buchón de agua, pues encontró que EPM intenta controlar la mancha con “solamente una máquina que resulta ineficiente”.

Un tercer peligro está en la escombrera El Higuerón, entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica, en donde según el ente investigador se encontró una zona de disposición de material excavado en la que hay entre 2,5 y tres millones de toneladas de residuos sólidos.

“Las rocas y el lodo extraídos del proyecto fueron dispuestos sobre una pendiente y amenazan en la actualidad con desprenderse”, ya que los investigadores detectaron “grietas de 60 metros de longitud y filtraciones de agua que provocarían riesgo inminente de derrumbe sobre una vía por la que transitan constantemente peatones, vehículos y semovientes, y podría represar el cauce del río Cauca con las consecuencias de una posible avalancha”.

Ante esa situación, la Fiscalía pidió “la estabilización urgente de taludes y manejos de aguas superficiales en la escombrera, y el cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental”.

El cuarto riesgo que encontró la Fiscalía es que como el agua que corre por el río es filtrada al pasar por la presa, este proceso desencadena unas graves consecuencias.

“Expertos encontraron que esta situación afecta a la población de peces en calidad, tamaño, carne y en su misma reproducción. Aspecto que golpea la seguridad alimentaria y la principal actividad económica de los pobladores”, asegura.

Por esta razón, la Fiscalía solicitó a los responsables de esta crisis ambiental un paquete de medidas urgentes de protección, con el fin de frenar el grave daño a los recursos naturales, a la vida y economía de pobladores aledaños a este cuestionado proyecto.