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Ante las constantes quejas de la ciudadanía por el desabastecimiento de algunos medicamentos, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones al Gobierno Nacional e indicó que el problema se debe a la falta de director en propiedad en el Invima.
Así lo manifestó la procuradora delegada en asuntos de Salud, trabajo y seguridad social, Diana Ojeda, quien agregó que el Invima viene en interinidad desde hace más de un año y el último nombramiento fue el de Juan Carlos Arias Escobar, tercer director interino de la entidad en catorce meses.
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Según indicó la funcionaria en el Invima, entidad encargada de la inspección de calidad de los medicamentos y del Ministerio de Salud, hay un registro de doce mil medicamentos que no han sido dispensados.
Las quejas
Ojeda dijo que “desde el tercer trimestre nos empezaron a llegar quejas, no quiere decir que esto hasta no pasara. En noviembre llegó un oficio de Acemi dirigido a la señora procuradora con un listado de medicamentos muy importantes para cardiopatía, VIH, antibiótico, analgésicos, insulina, el listado es grandísimo”.
Precisamente, el Dane informó que actualmente, en Colombia se está presentando escasez y desabastecimiento de algunos medicamentos para tratar algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, VIH y el cáncer, así como algunos analgésicos y anticoagulantes, que hacen parte de las enfermedades que más suelen sufrir los colombianos.
La funcionaria de la Procuraduría manifestó que la situación se viene presentando de tiempo atrás, acentuándose durante la pandemia de Covid-19.
Respuestas evasivas
Ojeda dijo que consultado Invima, esta sólo da respuestas evasivas debido a la interinidad en la que está.
En ese sentido, la delegada indicó que “en Invima hay más de doce mil registros atrasados y el área disciplinaria practicó varias visitas a la entidad, recogimos toda la información de los usuarios, farmacéuticas y enfermedades huérfanas y todos esos insumos los pasamos al área disciplinaria, que abrió un proceso”.
Además, la procuradora alertó sobre la afectación para pacientes con enfermedades como la Hepatitis C, debido a que es el único medicamento que compra directamente el Ministerio de Salud y se ha venido requiriendo el proceso de importancia desde comienzo de año.
Por eso Ojeda manifestó que “estamos desbaratando lo que se ha construido por treinta años, en materia de medicamentos no se puede seguir jugando. El Conpes de salud para regular la política pública se venció el año pasado, no sabemos si están trabajando en uno nuevo”.
Investigación
Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez; y la exministra Diana Carolina Corcho Mejía, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos en el territorio nacional durante 2023.
La Sala Disciplinaria de Instrucción establecerá las causas por las que se pudo presentar un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación, lo que pudo afectar de manera directa la salud de miles de colombianos, la interrupción de tratamientos e incluso el aplazamiento de procedimientos.
En el expediente, que también incluyó a la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas Peláez, se adujo que desde julio de este año se indagó por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo.
Pruebas
El Ministerio Público solicitó la práctica de varias pruebas, entre ellas las publicaciones hechas para advertir la escasez, la política diseñada para garantizar el suministro correspondiente de medicamentos y la coordinación con otros sectores para superar la situación.
La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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