Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), revela en diálogo con El Espectador posibles irregularidades en esa entidad con bienes que pertenecían a la Gata y debían estar bajo control del Estado.

La SAE, encargada de administrar los bienes que entran en procesos de extinción de dominio, ha estado plagada de denuncias de corrupción por años y, al llegar, el nuevo director se encontró con incongruencias en el inventario, entre otras alertas. Rojas es uno de los funcionarios del Gobierno más cercano al presidente Gustavo Petro, quien además le encargó parte de la reforma rural.

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Esta semana estuvo en la Fiscalía, ¿qué información entregó?

Se lo digo así: todos los días yo tengo aquí [señala el escritorio] una alerta nueva, todos los días. Yo he sido muy enfático en que son preocupaciones y, cuando uno tiene preocupaciones que alertan malos manejos de los recursos públicos, pues mi deber como servidor público es ponerlo en conocimiento de las autoridades. Lo que les he dicho a las autoridades es: yo tengo estas preocupaciones, ayúdenme a resolverlas.

¿Y qué han encontrado?

Lo primero, que los inventarios en la SAE tienen problemas preocupantes, en tanto que el inventario de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que se entregó a la SAE, tiene unas discrepancias preocupantes. Segundo, no coinciden mucho las cifras que da la Fiscalía respecto al valor de las incautaciones con lo que tenemos en el inventario. Por ejemplo —porque la Fiscalía no hace avalúos, hace estimativos—: si estima que una casa que acaba de incautar vale $ 5.000 millones y nosotros hacemos un avalúo y vale $ 1.000 millones, hay una discrepancia de $ 4.000 millones. Pues resulta que ahí no hay corrupción, simplemente hay un error administrativo. Pero hay otras circunstancias que ameritan una investigación.

¿Como cuáles?

Nos encontramos aquí en un archivador unas carpetas con ocho folios de matrícula inmobiliaria de bienes que tienen medidas cautelares de extinción de dominio pertenecientes a Enilce López, más conocida como la Gata. Estaban archivados en un cajón. Cuando miramos en el inventario, nunca los inscribieron. Es decir, nunca estuvieron bajo administración de la SAE y hoy no sabemos qué está pasando con esos ocho predios, cuánto miden, ni quién los tiene y si están siendo productivos. Nada. Yo no puedo señalar a nadie, pero puse esto en conocimiento de las autoridades. Además, son predios en Magangué, zona que hoy está en emergencia invernal, donde hay gente que necesitaría tierras, porque tiene el agua hasta el cuello.

También alertó de la vulnerabilidad en ciberseguridad, ¿qué hallaron?

La administración pasada contrató una auditoría, pero los resultados me los entregaron a mí y la auditoría concluye que el sistema de información de la SAE es muy vulnerable, tiene unos altos grados de vulnerabilidad: hay personas que podrían entrar a carpetas privadas. Estamos en alto riesgo. Eso también lo puse en conocimiento de la Fiscalía. También solicitamos ayuda a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que nos entregaran las bases de datos que tienen de predios que tienen anotaciones de medidas cautelares por procesos penales. Las cruzamos acá, y empezamos a encontrar predios perdidos.

¿Qué tan grande es esa diferencia?

La Superintendencia de Notariado nos entregó 9.443 folios de matrícula inmobiliaria que tienen anotaciones de medidas cautelares por extinción de dominio. De esos 9.443, solo 1.600 están en nuestro inventario. O sea que más de 7.000 (casi 8.000) no están en nuestro inventario. Ahora bien, aclaro lo mismo que le dije a la Fiscalía: no estamos diciendo que hay 7.000 bienes perdidos. Por eso nos toca, con el poquito personal que tenemos, revisar uno por uno esos folios, porque puede pasar que la medida cautelar sea de Justicia y Paz y en ese caso no tendría por qué estar en nuestro inventario.

Hay un tema muy particular de su cargo: el presidente lo puso también en el gabinete de reforma rural. ¿Por qué?

Desde la campaña de manera intuitiva, a partir de la experiencia que tuvo con sus debates de paramilitarismo, entendía que estos grupos se hicieron a las mejores tierras, particularmente en el Caribe. Naturalmente, esas tierras tendrían que estar administradas por la SAE. En ese entendido, la cuota inicial de lo que podría ser la reforma agraria podría darla la SAE. Esa intuición no era infundada, pero, al llegar a administrar la entidad, nos damos cuenta de que hay serios problemas con el inventario. No obstante, hemos puesto a disposición de comunidades campesinas algunos predios rurales para entregar derechos de uso.

¿De cuántas hectáreas estamos hablando y en qué regiones?

Nos hemos propuesto completar la entrega al primer trimestre de este año de 120.000 hectáreas, en casi todo el país. Vamos a tener que poner el acelerador. Ya hemos entregado alrededor de 70.000, este mes vamos a entregar 14.000 más, principalmente en Sucre, Valle del Cauca, Meta, Cesar y Cundinamarca, y esperamos que alcancemos las 160.000 antes de finalizar el semestre. Aun cuando tenemos serios problemas de seguridad.

Desde administraciones pasadas, la SAE insiste mucho en la seguridad. ¿Cómo piensan manejar ese tema?

Ese es el tema más grave. No sé si llamarlo amenazas, porque cuando a uno lo amenazan tiene que denunciar, pero el hecho de que cuando anunciamos que vamos a ir a Sucre, a San Marcos, a hacer una entrega, empiezan a aparecer panfletos y grafitis de las Agc, pues uno sí tiene que sentirse amenazado. No es una amenaza directa, pero sí hay un mensaje implícito. Tengo pendiente una reunión con el ministro de Defensa, porque la idea es que podamos garantizarles la seguridad a los nuevos ocupantes. Creo que en el marco del proceso de paz total, podemos también, a través del alto comisionado, lograr las condiciones para que las entregas sean exitosas.

Antes era muy difícil saber a quién pertenecía un bien en poder de la SAE y ustedes ahora sí lo revelan, ¿por qué ese cambio?

Cuando nosotros hablamos de cambio, eso no es retórico; no es un simple eslogan: es que realmente aquellos activos que pertenecieron a las economías ilegales que se sustentaban en la violencia, el desplazamiento y la victimización de las comunidades campesinas, pues en este gobierno esas comunidades campesinas que otrora fueron víctimas tienen que ser acompañadas por el Estado.

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Hay personas, incluyendo al expresidente de la SAE, que han dicho que estos líos del inventario son un problema heredado de la DNE. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

Sí, hay muchas irregularidades que vienen desde la DNE. Lo que acabo de decir de la Gata viene desde la DNE.

En esa medida, ¿algo quedó mal en el diseño de la SAE que permitió que esas irregularidades continuaran por tanto tiempo?

La mafia en este país ha adquirido tal grado de poder e impunidad que atreverse a denunciar estas irregularidades y tratar de cambiarlas implica valor civil, talante y gallardía. A mí me dicen todos los días: ¿a usted no le da miedo ponerse esa soga en el cuello? Pero es que es eso o incumplirle a la gente, y nosotros no vinimos a incumplir. Esto se puede solucionar. De hecho, vamos a hacer una reestructuración de la SAE, no solamente en el organigrama sino también en los procesos.

Quisiera hablar de lo que usted sí puede hacer, por ejemplo, llegó a cambiar la planta.

Cambié a todos los directivos, excepto a uno, atendiendo a una instrucción del presidente, porque son cargos de plena confianza. En ese sentido, cambiamos los cargos directivos, no la planta de 660 trabajadores. Además, iniciamos la contratación de un nuevo sistema de información más robusto, con un grado de seguridad similar al de las entidades financieras. Asimismo, hemos cambiado algunas metodologías; por ejemplo una que me parecía peligrosa y era que si, por ejemplo, un apartamento bajo control de la SAE estaba ocupado por un tercero, la SAE le decía: “Si quiere ese apartamento en arriendo, vaya y saque usted a esa persona, como pueda, y yo se lo arriendo a usted”. Otro cambio que hemos hecho está en los depositarios.

Los depositarios son una figura muy problemática. Hay denuncias de corrupción contra muchos y no pasa nada…

Es una figura lógica, porque los 660 funcionarios de la SAE no alcanzan para administrar el universo de activos que tenemos, pero ha tenido muchas quejas. Hemos removido depositarios. Asimismo, vamos a democratizar la función. Nos inventamos algo que se llama “depositarios populares”, que es que madres comunitarias, asociaciones juveniles o campesinas puedan ser depositarios. Vamos a inaugurar esta metodología con un gimnasio en Villavicencio que será administrado por la medallista olímpica Ubaldina Valoyes, quien tiene una fundación. También en Necoclí, un hotel que pertenecía a la mafia ahora será administrado por víctimas del conflicto, que ya están arreglando sus papeles.

Usted le hizo un llamado al fiscal a que se instale la mesa de concertación sobre el inventario. ¿Por qué es tan importante?

Tanto a la Fiscalía como a los demás órganos de control vengo haciéndoles un llamado urgente a que nos presten atención y nos ayuden a hacer más transparente la gestión. La SAE es una sociedad mixta, regida bajo el derecho privado, pero no desconocemos que manejamos recursos públicos. La SAE es muy susceptible a que ocurran hechos de corrupción, pero estoy seguro de que la gran mayoría de la gente que trabaja aquí es honesta. En la reunión que tuve con el director Anticorrupción de la Fiscalía y con la fiscal delegada, sentí que también hay voluntad, porque si unimos voluntades podemos darle buenas noticias al país.

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Ustedes decidieron frenar la venta de Triple A. ¿Qué tan difícil fue?

Cuando llegamos al Gobierno, ya se había hecho la enajenación temprana. Ese negocio ya tendría que haberse materializado en diciembre del año pasado. Lo que hicimos, atendiendo también un bombardeo de quejas de Barranquilla, fue concluir: nosotros no tenemos la capacidad para administrar empresas de servicios públicos del calado de la Triple A. Dentro del Gobierno, ¿quién sabe de ese tema? Pues la Superintendencia de Servicios Públicos. Les pedimos ayuda para entender el negocio, hicieron una valoración de la empresa y ese informe arrojó que la Triple A puede valer aproximadamente $2,4 billones, en un escenario conservador. Una cifra muy por encima del valor por el cual se hizo la enajenación. Decidimos no traspasar las acciones (al comprador, Alumbrado Público de Barranquilla) hasta que la Contraloría nos diga si lo que vemos como un posible detrimento lo es o no.

También se ha especulado de la presión de España por frenar esa enajenación temprana. ¿Ha sentido alguna presión?

No, no he hablado con ningún español. Sé quiénes eran, pero no conozco a los antiguos dueños (Inassa, una filial de Isabel II, empresa pública española), conmigo no han tenido ningún tipo de relación. Ahora, la enajenación temprana existe y nosotros hacemos uso de ese mecanismo. Pero el proceso de extinción de dominio de esa empresa no tiene que ver con la SAE, es una cuestión que ellos tienen que resolver con la justicia.

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