Ambos conceptos (cadena perpetua y populismo punitivo) han hecho carrera en los últimos tiempos en el país por el creciente abuso y asesinatos de menores de edad, que ha levantado el clamor de la gente pidiendo justicia.
Sobre ese tema precisamente se ocupó el editorial de El Espectador del pasado 14 de julio, dirigido al presidente Iván Duque para criticarlo por dos cosas: primero, no oír las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno que recomienda no establecer la cadena perpetua para violadores de niños, y segundo, por haber dicho que “le llegó el momento a Colombia […] para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”.
“Desde que los cantos de sirena del populismo han intentado posicionar la cadena perpetua en el debate público, expertos muy reputados han demostrado con suficiente ilustración por qué se trata de un error que, además, va en contravía de las promesas hechas por la Constitución”, sostiene El Espectador, y agrega: “No sería el presidente Duque el primer líder político en crear comisiones cuyas recomendaciones son ignoradas. Sin embargo, sí es una lástima que se haga mediante este giro hacia el populismo”.
Para Hernández-Mora, ese es un “editorial escrito desde la atalaya de una pretendida superioridad moral y académica” con el que ese periódico “se sitúa por encima de los que considera somos una plebe enardecida que no quiere justicia, solo saciar su sed de venganza”.
Y agrega que, “puesto que tilda a los colombianos de pueblo ignorante, primario, borregos de escaso o nulo cerebro, asegura que elevaremos a los altares al presidente Duque por regalarnos una ley que satisfaga nuestros instintos más básicos”. El Espectador, por supuesto, no usa ninguna de esas expresiones, producto de la lectura que hace la columnista de El Tiempo.
Pero la interpretación de Hernández-Mora del texto del diario va más allá, y, con una maniobra retórica, pone en boca de ese medio algo que tampoco dijo y que despierta la sensibilidad de absolutamente todos los colombianos.
“Es decir, para El Espectador, las familias de Sharick Alejandra y de los cien pequeños a los que Garavito violó y asesinó, por citar solo unos casos entre miles, rechazan que pasen el resto de sus vidas en las cárceles”, escribe la columnista. “Lo que querrían, intuye el periódico, es que reflexionen unos años en sus lugares de reclusión sobre los crímenes cometidos y salgan a hacer lo mismo si les provoca mientras el Estado enfrenta ‘la raíz del problema’”.
Ella considera que El Espectador, la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno y “varios colegas” (opinadores) claman “en defensa de los sagrados derechos de las personas que disfrutan violando y luego asesinando niños” y también los califica como “beatos de la sagrada Biblia del 91”, es decir, la Constitución Política de Colombia.
“Aluden al ‘populismo punitivo’ para descalificarnos, acusación que asumieron como su himno”, sigue Hernández-Mora. “Nuestro himno, por el contrario, el que muchos entonamos sin importar ideologías, es tan sencillo como primitivo: que se pudran tras las rejas el resto de sus días. No nos interesa su reinserción, no solo porque son incorregibles y pueden atacar a más niños, sino porque es justo, útil y proporcionado castigar duro a quien se ensaña de esa espantosa manera con los más indefensos”.
Seguramente, entre los que están en la orilla opuesta de Hernández-Mora está el exministro de Justicia Yesid Reyes que planteó al respecto lo siguiente, también en El Espectador: “Si lo que se busca con ella [la cadena perpetua] es devolverle al delincuente el mismo dolor que éste le causó a su víctima, entonces el sistema ideal es la ley del Talión, cuyos más claros ejemplos datan de casi 2.000 años antes de Cristo: ojo por ojo, diente por diente”.
Reyes recalca que “es curioso que este tipo de sanciones haya sido abandonado hace mucho tiempo por considerarlo excesivamente cruel, pero se siga insistiendo en aplicar penas como la de muerte o de cadena perpetua, que tienen el mismo propósito fundamental de aquellas (devolver el mal causado), pero sin atenerse a su estricta proporcionalidad”.
Además, recuerda que instrumentos jurídicos internacionales de los cuales hace parte Colombia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben las penas crueles, inhumanas o degradantes.
De ahí que concluya que “el Gobierno debería […] decir si el país se va a apartar de los convenios internacionales que prohíben las sanciones crueles e inhumanas, y mostrar los estudios científicos que demuestran que es la severidad de ellas lo que acaba con la delincuencia”.
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