Antes de arrancar la audiencia del lunes de solicitud de medida aseguramiento, en el caso de ‘Las Marionetas’, en la que se señala como cabecilla al reelecto senador caldense Mario Castaño Pérez, se conoció que se entregó Jhon Aléxander Sánchez, apodado ‘Pato’, quien huía de la justicia.
Al ‘Pato’ le hacen audiencia concentrada aparte (legalidad de la captura, formulación de imputación y la medida de aseguramiento). No aceptó señalamientos y este martes se hizo la solicitud de envío a la cárcel. Juan Carlos Martínez, conocido como ‘el Enfermero’ o ‘el Hombre del Maletín’, sigue prófugo.
El jueves pasado, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para ocho de los nueve detenidos entre el 3 y 4 de marzo pasados en Manizales, Bogotá y Chocó. Para la restante, Claudia Marcela Castaño Morales, quien preacordó pena, solicitaron domiciliaria, pues es la única que no tuvo contacto directo con el político.
El lunes intervino el Ministerio Público y apoyó la petición del ente acusador y la audiencia siguió el martes con la intervención de los abogados de los detenidos. Las diligencias podrían tardarse más días.
Un defensor pidió proteger los derechos humanos de estos imputados por lo largo que ha sido este proceso, pues al juez 55 de control de garantías no le autorizaron dedicarse solo a este caso, debido a que es clavero esta semana (encargado de recibir e introducir en el arca triclave los pliegos electorales, así como de custodiar y velar por la seguridad de estos).
Cómo era “estructura criminal” en caso en el que señalan a senador Mario Castaño
Para el Ministerio Público, la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa. Habló de los cupos indicativos y dijo que pese a que están autorizados se usaron para el interés particular y no el general.
“Con las llamadas interceptadas se infiere que estas personas hacían parte de un grupo delincuencial, liderada por el senador y por su mano derecha, Juan Carlos Martínez. Usaron los cupos indicativos para defraudar el erario y dedicarse al interés indebido de contratos. Contaban con enlaces regionales o estructuradores de proyectos para obtener el control territorial. La labor de cada uno se acomoda al delito de concierto para delinquir agravado. Tenían la actividad delictiva como negocio, por los menos, desde el 2020”, indicó y añadió que su libertad pone en peligro la seguridad pública.
Los cupos indicativos son los que reciben los parlamentarios, creados previamente, y que pueden manejar, en teoría, para cubrir necesidades sociales en sus regiones. Sin embargo, se les permite elegir a dedo a qué alcalde se le asigna, a qué contratista se le da la obra o licitación e, incluso, la Corte Constitucional en el 2001 conceptuó que pueden ‘sugerir’ las obras. De esta manera, el senador caldense habría tramitado los proyectos.
“Cada aporte de los imputados, por menor que sea, permitió poner en marcha esta empresa criminal. Nos encontramos en presencia de un grupo de delincuencia organizada, se evidencia una cadena de mando y una división de tareas. Su interés era obtener dinero, no solo del erario, sino de la presión a desempleados o recibiendo plata del Estado sin hacer nada”, explicó.
Aunque el ente acusador habló de 50 eventos de interés debido en la celebración de contratos, el Ministerio Público encontró 49 con inferencia razonable de autoría.
“Crearon una verdadera estructura criminal. En libertad podrían obstruir las investigaciones. Esta corrupción es un cáncer que afecta el desarrollo. Los ciudadanos eligen a alguien para un mejor futuro, no para malversar fondos”, anotó.
Señalan cobros de dinero sin trabajar
La representante del Ministerio Público recordó el caso de la psicóloga Daniela Ospina, supuesta compañera sentimental del senador, quien se habría ganado 20 millones de pesos sin trabajar, entre marzo y junio del 2021.
Primero era de 15 millones de pesos y luego le adicionaron 5 millones de pesos en un contrato donde debía brindar apoyo y seguimiento a funcionarios del Senado en COVID-19, al igual que a los de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador, además de otras labores en las que la requirieran.
“Hay varias llamadas entre Juan Carlos Martínez y un señor de apellido Sabogal. En una se habla de pasar la cuenta de cobro de Martínez como supuesto asesor de salud pública en el Senado. ‘Ponga cualquier gue… ahí para justificar’, dijo sobre el informe para justificar el contrato. En otras Juan Carlos dialoga con Daniela de pasar la cuenta de cobro y de qué escribir ahí para que les puedan pagar. Indica que le pida el favor a Claudia, que Sabogal le ayuda, pero le sugiere que meta un ‘carretazo’, por ejemplo, que llamó a 10 personas y solo le respondieron 3”, aseveró.
“Daniela hacía parte de la organización, sabía lo que pasaba y hasta habló de que Pato podría volarse con un dinero. Entregaba y recibía plata, que la guardaba, al parecer, en armarios de un apartamento en el que vivía en Bogotá. El día de la captura intentó escapar”, agregó.
Ana María, hermana de Santiago Castaño, también tendría participación en el grupo, según el Ministerio Público. “A las personas que prestaran el nombre para contratos de hasta $3 mil millones les daban el 2%. Necesitaban 18 empresas”, le dijo Santiago a la familiar, según una llamada reseñada ayer.
Seis cifras de la Fiscalía sobre caso en el que señalan al senador Mario Castaño
- 3.535 llamadas telefónicas enredan a Las Marionetas.
- 50 personas aparecen como indiciadas reconocidas y 20 más por identificar.
- $60 mil millones, el defraude al erario.
- 50 casos documentados: 15 contratos y 35 operaciones.
- 10, los alcaldes mencionados en las llamadas.
- 16 casos de extorsión a cambio de puestos.
Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables de los delitos que les endilgan.
Desde la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrió investigación penal y llamó a indagatoria al senador Mario Alberto Castaño por concierto para delinquir agravado.
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